En un paso decisivo hacia la regulación de la formación profesional (FP) en España, el Ministerio de Educación, liderado por Milagros Tolón, ha presentado un nuevo decreto que tiene como objetivo principal reforzar el control sobre los centros privados de FP. Este esfuerzo busca acabar con los llamados «chiringuitos» de formación, es decir, instituciones que operan sin las garantías necesarias y que, a menudo, dejan a los estudiantes en situaciones complicadas.
Una de las medidas más destacadas del decreto es la exigencia de un porcentaje significativo de clases presenciales en los programas de FP a distancia. En concreto, los ciclos formativos deberán incluir entre un 15% y un 39% de presencialidad, mientras que para las titulaciones que habilitan a ejercer una profesión, el requisito se eleva a niveles aún más altos. Esto busca asegurar que los alumnos no solo adquieran conocimientos teóricos, sino que también reciban la formación práctica indispensable.
Condiciones de Operación
Los centros que deseen ofrecer programas de grado medio o superior deberán poseer una oferta educativa «estable y coherente». Esto implica la obligación de presentar al menos dos titulaciones presenciales en distintas familias de FP o un itinerario completo en una sola familia. Esta estrategia se implementa para evitar que las instituciones se enfoquen únicamente en la enseñanza online sin ofrecer un componente práctico efectivo.
Un cambio notable también afecta a la relación entre estudiantes y profesores. El nuevo decreto establece un límite de 50 estudiantes por docente en los programas a distancia, una medida que podría mejorar considerablemente la calidad de la enseñanza. Además, para programas semipresenciales, esta ratio se reduce a 25 estudiantes. Este enfoque se refleja en el compromiso de garantizar que los alumnos tengan acceso a prácticas profesionales en empresas, una preocupación recurrente en la educación superior.
Garantías para los Estudiantes
El borrador del decreto incluye disposiciones importantes para proteger a los estudiantes en caso de que un centro educativo no cumpla con los requisitos establecidos. Las comunidades autónomas serán responsables de asegurar la continuidad de la formación de los alumnos y de facilitar la reubicación si es necesario. Esta medida busca evitar que los estudiantes se vean perjudicados si sus instituciones educativas pierden la autorización para operar.
Infraestructura y Recursos
La nueva normativa también detalla las instalaciones que deben tener los centros de FP, estableciendo que estas deben ser adecuadas para cumplir con los requisitos de presencialidad y contar con espacios adaptados para simular entornos profesionales. De esta manera, se busca evitar que centros con infraestructuras inadecuadas ofrezcan formación de calidad inferior.
Otro aspecto relevante es la creación de una red estatal de centros de excelencia de FP, que se seleccionarán mediante un proceso competitivo y que recibirán apoyo financiero del Gobierno. Estos centros se distinguirán por su capacidad de innovación y su enfoque en metodologías activas de enseñanza, así como por su compromiso con el desarrollo de proyectos de investigación aplicada.
El panorama actual de la FP en España es alentador, con una matrícula que supera los 1,24 millones de estudiantes, lo que representa un incremento del 3,1% en comparación con el año anterior. Sin embargo, queda claro que el Ministerios de Educación está decidido a elevar la calidad y la reputación de la educación profesional, en un momento en que la demanda de trabajadores cualificados sigue en aumento.