Las multinacionales tecnológicas Microsoft y Google han comenzado a evaluar la posibilidad de trasladar sus inversiones en centros de datos de España a países como Francia o Portugal. Esta decisión se produce en medio de una creciente preocupación por un nuevo marco regulatorio que podría complicar el desarrollo de estas infraestructuras en el territorio español.
Fuentes cercanas a las empresas han indicado que ambas compañías consideran que las exigencias del real decreto propuesto por el Gobierno son más rigurosas en comparación con otros mercados europeos, lo cual podría influir directamente en su futura inversión.
El contexto actual es crítico para España, que ha emergido como uno de los mercados más prometedores para la creación de centros de datos en Europa. Esto se debe, en gran parte, a la disponibilidad de terrenos, conexiones de fibra óptica submarina y un acceso significativo a energía proveniente de fuentes renovables. Sin embargo, el nuevo marco normativo podría elevar los costos operativos de estas instalaciones, lo que representa una preocupación para el sector.
El nuevo real decreto y sus implicaciones
El real decreto, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica, establece que los centros de datos con una potencia igual o superior a 1 MW deberán cubrir al menos el 80% de su consumo eléctrico con energía renovable. Esta exigencia incluye obligaciones en cuanto a la correlación temporal del abastecimiento energético, lo cual se presenta como un desafío para las empresas, que deben probar que su consumo de energía renovable coincide con su uso hora a hora.
La patronal SpainDC ha alertado que la combinación de estas regulaciones podría transformar la normativa en un obstáculo para futuras inversiones, poniendo en riesgo proyectos que suman miles de millones de euros. En este contexto, Microsoft ha comprometido una inversión notable en Aragón, proyectando destinar cerca de 9.000 millones de euros entre 2026 y 2030 para expandir su infraestructura en la región. Por su parte, Google también está invirtiendo fuertemente en Europa, con anuncios recientes de integración de nuevos centros de datos en Finlandia por valor de 13.000 millones de euros.
En comparación, Portugal ha adoptado una postura proactiva al establecer su Plan Nacional de Centros de Datos, cuyo objetivo es transformarse en un hub europeo para esta industria. Este plan contempla 15 iniciativas que se implementarán entre 2026 y 2027 para agilizar trámites administrativos y reducir los plazos de conexión eléctrica.
Francia, por su parte, también se posiciona como competidor al ofrecer una alta disponibilidad de energía nuclear y buscar reforzar su estatus como centro europeo de inteligencia artificial y datos. Sin embargo, enfrenta obstáculos en la conexión a la red y resistencia local a ciertos proyectos.
A nivel regional, España y Portugal están viendo un aumento significativo en la capacidad de sus centros de datos, que podría elevarse hasta 10,5 GW en los próximos años, en contraste con la actual capacidad de 567 MW. Sin embargo, muchos proyectos aún carecen de financiación, conexión eléctrica y cronogramas claros.
Las grandes tecnológicas, incluido Microsoft, han expresado sus preocupaciones ante el Consejo de Estado, en busca de cambios que alivien las exigencias regulatorias. El Gobierno, aunque defiende la necesidad de una regulación que asegure un crecimiento ordenado, ha mostrado disposición para considerar modificaciones al decreto, después de recibir múltiples alegaciones del sector.
El panorama se complica para España, donde el riesgo de perder inversiones significativas debido a una regulación considerada excesivamente restrictiva se vuelve palpable. El desafío radica en equilibrar el impulso de nuevas inversiones con la gestión eficiente del consumo energético, fundamental en un sector donde cada decisión de inversión puede implicar complejas y costosas infraestructuras a largo plazo.