Massachusetts ha dado un paso significativo hacia un modelo de desarrollo más sostenible al implementar un nuevo decreto que afecta a los centros de datos. La gobernadora Maura Healey ha establecido que todos los desarrollos de centros de datos con una demanda pico superior a 25 megavatios deberán hacerse responsables de su propio suministro energético, lo que incluye una exigencia de que utilicen únicamente fuentes de energía limpias.
Esta normativa, que forma parte de las medidas para abordar las preocupaciones públicas sobre el impacto ambiental de estos centros, exige a los desarrolladores no solo que generen energía limpia in situ, sino que también tengan la opción de contribuir a la construcción de nuevas instalaciones de generación local o financiar un fondo de protección de los consumidores. Este cambio se produce en un contexto donde, apenas unos años atrás, los desarrolladores de infraestructura tecnológica eran incentivados para establecer sus operaciones en diversas regiones.
El decreto de la gobernadora Healey marca un aumento en la exigencia de las normativas sobre energía limpia. Massachusetts, al igual que otras entidades estatales, ha empezado a prestar atención a las crecientes inquietudes de los ciudadanos en torno al consumo energético y su sostenibilidad. Bajo esta nueva regulación, los centros de datos deben cumplir con los estándares de energía limpia vigentes en el estado, lo que implica que para el año 2030, al menos el 40% de su energía deberá provenir de fuentes aprobadas, como la eólica, solar y la hidroeléctrica. Sin embargo, la normativa establece que estos centros tienen que asegurarse de que el 100% de su demanda eléctrica se cubra con generación limpia.
Con este decreto, Massachusetts se une a la tendencia de otros estados que han comenzado a regular de forma más estricta el desarrollo de centros de datos. En Texas, por ejemplo, el gobernador Greg Abbott anunció auditorías obligatorias para nuevos centros de datos, mientras que en Nueva York se congeló la construcción de aquellos que superen los 50 megavatios de capacidad.
Este cambio en la regulación no es fortuito, ya que la opinión pública ha comenzado a cambiar, manifestando reservas hacia el impacto de los centros de datos en sus comunidades. En respuesta, la industria tecnológica ha comenzado a formular su argumento. Un nuevo grupo de presión, financiado por figuras influyentes como Marc Andreessen y Ben Horowitz, ha comenzado a lanzar campañas publicitarias en estados clave para tratar de influir en la percepción del electorado.
En conclusión, el movimiento de Massachusetts podría marcar un punto de inflexión en la manera en que los centros de datos operan en el país, sentando las bases para un futuro más alineado con los objetivos de sostenibilidad energética. Con un aumento en la regulación y un cambio en la percepción pública, será interesante observar cómo la industria tecnológica se adapta a estas nuevas exigencias en un ambiente cada vez más centrado en la responsabilidad ambiental.