El Gobierno de España ha decidido implementar un incremento significativo en los salarios de los funcionarios públicos, que se hará efectivo a partir de 2027. Según el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Función Pública y los sindicatos, los empleados públicos recibirán un aumento del 4,5% en sus nóminas. Este ajuste podría ampliarse con un 0,5% adicional condicionado a la inflación (IPC) de 2026, si esta supera el 1,5%.
De confirmarse esta condición, el salario real de 2026 pasaría de un 1,5% a un 2%, con el abono retroactivo que se efectuaría en los primeros meses del siguiente año. Esta modalidad de cálculo implica que el incremento salarial de 2027 podría interpretarse como una subida total de hasta el 5% en el periodo comprendido entre 2026 y 2027, según los sindicatos.
Calendario de subidas salariales para funcionarios
El aumento del 4,5% para 2027 es parte de un plan más amplio que se desarrolla desde 2025 y se extiende hasta 2028. Esta dinámica se formalizó el 27 de noviembre de 2025 con el Acuerdo Marco para la mejora del empleo público, firmado por el Ministerio y organizaciones sindicales como UGT, CSIF y CCOO. Este acuerdo abarca a más de 3,5 millones de empleados públicos en diversas administraciones, desde el ámbito estatal hasta ayuntamientos y comunidades autónomas.
El desglose de la subida salarial es el siguiente:
- 2025: 2,5% consolidable y efectivo desde el 1 de enero, abonado retroactivamente en diciembre de ese mismo año.
- 2026: 1,5% fijo, más un 0,5% variable condicionado al IPC.
- 2027: 4,5% fijo.
- 2028: 2% fijo.
Al ser subidas acumulativas, el incremento total en sueldos se estima en un 11,4% entre 2025 y 2028, según los cálculos de los sindicatos.
Mecanismo de ajuste por inflación
El acuerdo de 2026 es único por incluir una porción variable en las subidas salariales. Mientras que las subidas de 2025, 2027 y 2028 están fijadas de antemano, el 0,5% adicional de 2026 está directamente relacionado con la evolución de la inflación. Si se alcanza o supera el 1,5%, el pago se realizará en el primer trimestre del año siguiente, con efectos retroactivos desde enero de 2026.
Esta cláusula fue crucial para la firma del acuerdo, ya que los sindicatos buscaban proteger a los funcionarios del posible deterioro de su poder adquisitivo en un contexto inflacionario creciente. La previsión para el presente año sugiere que la inflación media se sitúe por encima del 3%, debido a factores como el aumento de precios energéticos y la retirada de ayudas fiscales. Hasta agosto de 2026, se han registrado incrementos mensuales de hasta el 4,3% interanual.
Impacto sobre el poder adquisitivo
Con la inflación considerada, los sindicatos anticipan una recuperación neta del poder adquisitivo de aproximadamente un 2,9% entre 2025 y 2028. Esta expectativa se alinea con lo expresado por el presidente de CSIF, Miguel Borra, quien describió el pacto como «el mejor posible en las actuales circunstancias políticas». Este enfoque refleja la búsqueda de equilibrio entre subidas garantizadas y aquellas sujetas a la evolución del IPC.