El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee), gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), enfrentó en 2025 sus *primeras pérdidas*, alcanzando un déficit de 140 millones de euros. Este resultado contrastó radicalmente con el beneficio de 41,7 millones que se registró en 2024. A la base de estas pérdidas se sitúa un deterioro registrado de 260 millones de euros, lo que representa un aumento significativo respecto a los 89 millones deteriorados en el año anterior.
Este fondo fue creado por el Gobierno español como una medida para mitigar el impacto económico de la pandemia de Covid-19 en empresas consideradas estratégicas. En la reciente publicación de sus cuentas, el Fasee no solo ha informado sobre su situación financiera, sino que también ha revelado situaciones de **escándalos judiciales** que involucran a varias de las empresas rescatadas y a sus altos directivos, incluida la presidenta de la Sepi, Belén Gualda.
Una resolución del 29 de junio permitió al juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, iniciar investigaciones que podrían implicar a varios directivos de la Sepi en un presunto delito de *tráfico de influencias*. Según los informes, se está evaluando si este delito ocurrió tanto en la concesión inicial de financiación en 2021 como en un aplazamiento de pagos en 2025. La investigación se centra en figuras clave, entre ellas Gualda y el expresidente Vicente Fernández, así como otros directores de participadas del grupo público.
Investigaciones y Controversias
Las imputaciones han surgido debido a la posible influencia ejercida por personas vinculadas al PSOE, incluyendo a la conocida como ‘fontanera del PSOE’, Leire Díez. El proceso judicial abarca diversas empresas que recibieron financiación, como Tubos Reunidos, Forestalia y Air Europa, esta última objeto de críticas debido a un rescate que superó los 475 millones de euros.
A pesar de las controversias, el Fasee ha afirmado que las ayudas a Air Europa ya han sido completamente devueltas, y su análisis jurídico sostiene que no se han encontrado motivos para cuestionar la legalidad de la actuación administrativa. Sin embargo, en su informe se menciona que, dado el contexto de las investigaciones, no se puede descartar la posibilidad de futuros efectos negativos.
El fondo ha concedido un total de 3.255,6 millones de euros en ayudas, siendo 30 de las 73 solicitudes aceptadas. Según los últimos datos, se han amortizado hasta la fecha 1.709,8 millones de euros de los préstamos, lo que refleja cierta capacidad de recuperación, aunque los desafíos persisten.
Adicionalmente, empresas como las clínicas *Vivanta*, que recibieron 40 millones de euros, han solicitado un concurso de acreedores, mientras que *Volotea*, beneficiada con 200 millones, se encuentra en una situación de preconcurso. La evolución de estos casos es crucial para entender no solo el futuro del Fasee, sino también la solidez económica en un contexto marcado por la incertidumbre en el sector empresarial español.