Brasil vive un nuevo capítulo en su intrincada escena política, marcado por una operación policial que podría alterar los equilibrios en la campaña electoral. La Policía Federal ha iniciado investigaciones sobre la posible utilización de fondos públicos para financiar la película Dark Horse, un film biográfico que retrata al expresidente Jair Bolsonaro, y que ha sido desarrollado con el impulso de su familia.
Este escándalo afecta directamente a Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario, quien se encuentra en una carrera electoral muy disputada contra el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ambos están empatados en las encuestas, con las elecciones programadas para el 4 de octubre. En este contexto, la investigación se centra en el diputado bolsonarista Mário Frias, quien, en su calidad de exsecretario de Cultura, habría destinado dos millones de reales (aproximadamente 400.000 dólares) a la producción del filme mediante enmiendas parlamentarias.
Las autoridades sospechan de una “organización criminal” que operaba entre servidores públicos y actores privados, desviando recursos mediante empresas subcontratadas. Se estima que el flujo de dinero involucrado asciende a “cientos de millones” de reales, lo que ha incrementado las tensiones en un ambiente ya complicado por la cercanía de los comicios.
El despliegue policial fue amplio, con registros en 49 domicilios ubicados en diversas ciudades brasileñas, incluidas Río de Janeiro y São Paulo. Aunque no se emitieron órdenes de detención, el juez del Tribunal Supremo Flávio Dino ha prohibido la salida del país de Frias y ha restringido su contacto con otros individuos implicados en la investigación.
Durante uno de los registros, se confiscaron siete armas registradas a nombre de Frias. Los delitos investigados incluyen peculado, falsedad documental, lavado de dinero y organización criminal. No es la primera vez que se arrojan dudas sobre la financiación del filme; anteriormente se había indagado en un contrato con el Ayuntamiento de São Paulo, destinado a implementar WiFi en zonas desfavorecidas, con la sospecha de que se desvió dinero hacia la producción cinematográfica.
Un aspecto particularmente delicado de la trama involucra a Daniel Vorcaro, un banquero actualmente encarcelado por un fraude masivo. Flávio Bolsonaro había solicitado 24 millones de dólares a Vorcaro para financiar el film, a pesar de las crecientes presiones legales sobre él. Esta situación ha ensombrecido su imagen pública, aunque ha comenzado a recuperarse en las encuestas.
Frente a las últimas acusaciones, Flávio Bolsonaro ha reiterado su inocencia, aseverando que no hubo malversación de fondos públicos. Acusó al juez Dino de tener motivos políticos tras las acciones judiciales y además defendió la integridad del proyecto cinematográfico, indicando que cualquier revisión no tendría hallazgos de irregularidades. Sin embargo, a medida que se desarrollan los acontecimientos, persiste la incertidumbre sobre el futuro de la película, cuya fecha de estreno, pensada para coincidir con la contienda electoral, sigue sin confirmarse.