El Gobierno de El Salvador, bajo la administración de Nayib Bukele, ha decidido frenar la compra de bitcoin y traspasar el control de la billetera estatal Chivo Wallet a un operador privado. Esta medida surge tras un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en el contexto de la revisión de un préstamo de 1.400 millones de dólares que se implementará a partir de 2025.
Este anuncio marca un giro significativo en la política económica del país, especialmente después de que, a inicios de este año, se retirara el bitcoin como moneda de curso legal, una decisión también impulsada por la presión del FMI. Desde su adopción en junio de 2021, el uso de bitcoin ha estado envuelto en controversia y opacidad, con la mayoría de la población manifestando su rechazo a la medida.
De acuerdo con fuentes oficiales, la entidad financiera ha señalado que, aunque el gobierno continuó adquiriendo bitcoins después de la firma del préstamo con el FMI, las últimas compras se habrían realizado a través de donaciones privadas, excluyendo recursos públicos. En el comunicado se detalla que no se contempla una acumulación de bitcoins más allá de estas donaciones.
Historia de la adopción del bitcoin en El Salvador
La estrategia de Bukele para incorporar el bitcoin en la economía nacional implicó la creación de un fideicomiso de 150 millones de dólares y la implementación de incentivos como un bono de 30 dólares para quienes descargaran Chivo Wallet. Sin embargo, el entusiasmo inicial no se tradujo en un uso sostenido, ya que muchos ciudadanos optaron por gastar el bono y abandonaron la billetera.
Desde su lanzamiento, el sistema ha enfrentado varios problemas, incluyendo numerosas denuncias relacionadas con delitos como usurpación de identidad y robos que sumaron hasta 840.000 dólares. La compañía detrás de Chivo Wallet, Chivo Wallet S.A., funciona como una entidad de gestión público-privada que no se encuentra sujeta a auditorías, lo que ha generado preocupación sobre la transparencia y el control de los fondos.
A pesar de las garantías de que el uso de bitcoin no implicaría el gasto de dinero público, la opacidad en el manejo de la criptomoneda ha persistido. Bukele, conocido por su estilo desafiante, ha hecho comentarios sobre la adquisición de bitcoins con fondos públicos, como cuando anunció la intención de comprar un bitcoin diariamente al ritmo del descenso del precio en 2022.
La decisión reciente de no adquirir más criptomonedas y de ceder el control de Chivo Wallet refleja un cambio importante en la postura del gobierno respecto al bitcoin. En este contexto, la percepción del público sobre la situación económica del país ha deteriorado. Encuestas recientes indican que, a finales de 2022, un 91,7% de los salvadoreños consideraban que su situación económica no había mejorado. Según el Banco Central de Reserva, el número de personas en situación de pobreza ha aumentado, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de la política económica impulsada por el gobierno.