Ollanta Humala Tasso, expresidente del Perú (2011-2016), ha quedado en libertad tras la decisión del Tribunal Constitucional que anuló el proceso penal en su contra por lavado de activos agravado. Esta resolución pone fin a un largo tiempo de incertidumbre y controversia legal en torno a su figura, quien había permanecido quince meses en el penal de Barbadillo, destinado exclusivamente a exjefes de Estado.
La sentencia del Tribunal ordena el archivo de la investigación y declara fundado el hábeas corpus presentado por Humala, quien ha manifestado sentirse víctima de una persecución política y judicial. Al salir de prisión, declaró: “Nunca he recibido aportes de campaña ni de Venezuela ni de Brasil”, refiriéndose a los cargos que le llevaron a ser condenado a 15 años de prisión en abril de 2025 junto a su esposa, Nadine Heredia, por recibir financiamiento ilegal de la constructora Odebrecht y del gobierno venezolano.
La condena a Humala surgió tras acusaciones de recibir aportes ilícitos en sus campañas presidenciales de 2006 y 2011. En la primera de estas, se enfrentó a Alan García, y en la segunda, a Keiko Fujimori. Heredia, por su parte, logró asilo político en Brasil y no cumplió condena. La decisión del Tribunal Constitucional reconfigura el panorama legal en Perú, donde temas de financiamiento electoral y corrupción han estado en el centro de la atención pública y política.
Implicaciones del fallo del Tribunal Constitucional
La resolución del Tribunal se basa en la vulneración de principios de legalidad y tipicidad, indicando que no se pudo demostrar que Humala conociera el origen ilícito de los fondos destinados a sus campañas. Este fallo es significativo, ya que la conducta imputada no constituía un delito en el momento en que ocurrieron los hechos; la figura jurídica de la receptación patrimonial fue incorporada a la legislación peruana solo en 2016, años después de los eventos investigados.
Este criterio ha sido utilizado anteriormente, como en el caso de Keiko Fujimori, quien fue absuelta en su proceso por lavado de activos. José Domingo Pérez, el exfiscal encargado de este caso, ha señalado que la decisión del Tribunal Constitucional refleja una aplicación uniforme de criterios legales en situaciones similares.
El abogado César Nakasaki ha criticado la actuación del Poder Judicial y del Ministerio Público, sugiriendo que deberían reevaluar su enfoque sobre las donaciones electorales y su relación con el delito de lavado de activos. Advirtió sobre el daño que ha sufrido el sistema político y las familias involucradas debido a un manejo erróneo y confuso de las donaciones en campañas.
El caso de Humala no solo genera un debate sobre la legalidad de los procesos judiciales en Perú, sino que también pone de relieve la necesidad de un marco más claro y justo en torno a la financiación política. La liberación de Humala podría ser un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción y la política en el país, a medida que la sociedad y las instituciones evalúan las lecciones aprendidas en este y otros casos.