El Reglamento Europeo de Envases y Residuos de Envases (PPWR) comienza su implementación gradual a partir de esta semana, marcando un cambio significativo en la forma en que las empresas deben gestionar sus productos y residuos. Este reglamento introduce nuevos requisitos que buscan facilitar la reutilización y el reciclaje de productos, además de limitar el uso de envases individuales y modificar la comercialización y los sistemas de recogida de residuos.
Sin embargo, la transición no será inmediata. Por ejemplo, envases individuales de kétchup, aceite o azúcar seguirán estando disponibles en bares hasta 2030. A pesar de ello, los fabricantes, supermercados y empresas de hostelería deben comenzar a adaptarse de inmediato, lo que podría reflejarse en un aumento de los precios para los consumidores. Aunque aún no existe una estimación precisa del impacto en la cesta de la compra, las asociaciones de consumidores enfatizan la responsabilidad gubernamental de evitar un encarecimiento excesivo.
A partir de ahora, las empresas que fabrican o envasan productos están obligadas a registrarse en un censo oficial; la falta de cumplimiento podría resultar en la prohibición de la venta de sus productos. Asimismo, se activa un marco de Responsabilidad Ampliada del Productor, que exige a las compañías asumir los costos de recogida y tratamiento de sus residuos mediante tasas “ecomoduladas”. Esto significa que las marcas deberán pagar más según la complejidad y el peso de sus envases.
Desafíos para las Empresas
El nuevo reglamento trae consigo importantes desafíos económicos para todo el ecosistema de producción y distribución. El mercado europeo del envase generó cerca de 153.000 millones de euros en 2022 y se espera que alcance los 186.000 millones en 2029, según la asociación industrial alemana Fachpack. Para adaptarse, las empresas deberán invertir en nuevos materiales, modificar el diseño de envases y ajustar sus operaciones logísticas, lo que representa un elevado costo que se suma a los ya existentes en salarios, energía y transporte.
Julio López, de Ecoembes, señala que aquellas empresas que optimicen sus envases en términos ambientales podrán acceder a tarifas más bajas. Sin embargo, no todas tienen la capacidad de realizar estas inversiones de inmediato. Además, deben preparar sus operaciones para el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) que se implementará para botellas de plástico de un solo uso y latas, lo que implica costes adicionales y nuevos requerimientos logísticos.
En el caso de España, se anticipa que los consumidores deberán pagar un anticipo de al menos 10 céntimos por envase, monto que podrán recuperar al devolverlo, complicando la logística de los pequeños comercios que ya enfrentan limitaciones de espacio.
Implicaciones para el Consumidor
El impacto en los precios al consumidor es incierto, pero es probable que aumenten conforme las empresas busquen recuperar los costos de adaptación. Mientras que algunos expertos sugieren que los consumidores no deberían asumir el peso financiero de la transición hacia envases reciclables, el contexto de creciente inflación en alimentos, salarios y energía complica el panorama. La patronal de hostelería advierte que, en un entorno de gastos en aumento, la industria podría verse obligada a trasladar parte de esos costos a los precios finales.
En este sentido, el reciclaje de plásticos reciclados representa otra preocupación económica. El reglamento estipula la incorporación de mayor cantidad de plástico reciclado en los envases, pero este tipo de material suele ser más costoso, aumentando los gastos de producción. En Europa, la diferencia de precio entre el plástico reciclado y el PET virgen ha llegado a ser de 650 euros por tonelada, lo que añade presión sobre la industria.
Finalmente, existe un riesgo adicional que podría impactar los precios de los alimentos: la duración de los productos frescos. Los plásticos utilizados en la actualidad son esenciales para prolongar la vida de artículos perecederos. Aunque la nueva normativa permite excepciones por razones técnicas, se teme que una eliminación acelerada de estos materiales podría resultar en un aumento del desperdicio a lo largo de la cadena de suministro.