Recientes documentos oficiales han revelado una operación amplia del gobierno de EE. UU. que incluye vigilancia sobre organizaciones de izquierda y protestas en contra de las políticas migratorias, especialmente en Minnesota. Este descubrimiento ha aumentado las preocupaciones sobre la criminalización de actividades de protesta legítimas bajo la administración anterior.
Investigaciones internas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indican que se enviaron agentes encubiertos a reuniones comunitarias en Minneapolis y Nueva York. Además, se infiltraron en chats de Signal y obtuvieron registros financieros de sindicatos y organizaciones sin fines de lucro progresistas. Estos hallazgos fueron revelados en el contexto de un caso criminal actualmente activo en el que se acusa a 15 manifestantes de Minneapolis de conspirar para obstruir a las autoridades migratorias.
El DHS ejecutó una operación denominada “Operación Maestro de Marionetas” para identificar una red de organizadores en contra de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La operación se lanzó en medio de un aumento significativo en la organización comunitaria en respuesta a incidentes de violencia que involucraban a las fuerzas del orden. Los informes sugieren que el DHS se enfocó en personas que supuestamente brindaban apoyo a “oportunistas violentos” y agitadores en la región.
Kevin Riach, abogado de uno de los acusados, expresó su sorpresa por la magnitud de las investigaciones y la aparente falta de disciplina en la recolección de pruebas, afirmando que se trataba de una campaña masiva de espionaje. Hasta ahora, ninguna de las organizaciones mencionadas, incluidas importantes uniones laborales como AFL-CIO o grupos como los Socialistas Democráticos de América, ha sido acusada de ningún delito.
Los documentos proporcionan evidencia de cómo el DHS ha utilizado órdenes de citación administrativas para obtener registros financieros de diversas organizaciones, incluyendo aquellos relacionados con el movimiento Sunrise, que se centra en la crisis climática. Algunos informes describen cómo agentes encubiertos participaron en actividades comunitarias y reuniones públicas sobre tácticas de protesta, grabando audio y recolectando información sobre los asistentes.
La estrategia del DHS parece alinearse con una directiva anterior de la administración Trump, que categorizó a ciertos grupos, como Antifa, como organizaciones terroristas domésticas. Sin embargo, la acusación de conspiración contra los 15 protestantes no muestra evidencia de daños a agentes de ICE, lo que ha llamado la atención sobre la naturaleza del caso presentado por el gobierno.
Las inquietudes sobre el uso de poderes de vigilancia se ven reafirmadas por la opinión de expertos en derechos civiles. Algunos han indicado que este tipo de investigación refleja patrones históricos de vigilancia dirigida a movimientos de izquierda y manifestaciones por los derechos laborales. Mike German, un exagente del FBI, destacó que la situación actual podría ser un reflejo del uso de recursos de espionaje para objetivos políticos, a menudo en desmedro de los derechos de los ciudadanos.
Activistas y defensores de derechos han caracterizado estas acciones como intimidatorias, señalando que están dirigidas a silenciar expresiones de disidencia y protestas pacíficas, un componente esencial del tejido democrático de la sociedad estadounidense. Estas revelaciones han instado a un llamado a la reflexión sobre los límites de las acciones gubernamentales en el contexto de la libertad de expresión y organización política.