La reciente propuesta del Gobierno para reformar el sistema de financiación autonómica ha generado un intenso debate en el ámbito económico y político. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha advertido que esta iniciativa implica un «fuerte trasvase de recursos» desde la administración central, lo que podría dejar al Estado en una situación «precaria». Este análisis, realizado por su director, Ángel de la Fuente, evalúa las implicaciones del borrador que fue enviado a las comunidades autónomas.
Según Fedea, la propuesta no solo agrava los problemas de «riesgo moral» asociados a las autonomías, sino que también ignora la responsabilidad fiscal en la gestión de recursos. Esta situación se complica aún más con la introducción de mecanismos de nivelación que, según la Fundación, favorecen de manera desproporcionada a Cataluña. La crítica subraya que la mayoría de las comunidades, incluso las gobernadas por el PSOE, se oponen a este acuerdo, quedando la aprobación únicamente en manos de Cataluña y Canarias.
Críticas al Fondo de Statu Quo
Uno de los aspectos más controversiales de la propuesta es el «Fondo de Statu Quo», que el Gobierno plantea como una compensación indefinida y que se ajustaría con el Índice de Ingresos Tributarios del Estado (ITE). Fedea califica esta idea de un «vicio» que le otorga al sistema una inercia excesiva. Esta estructura implica que, si nadie puede perder posiciones relativas, tampoco será posible ganar, lo que dificulta los cambios necesarios en la distribución de la financiación que resuelvan cuestiones de equidad.
Financiación y competencias autonómicas
La propuesta contempla un incremento notable en la financiación autonómica, con un adicional de 20.975 millones de euros con respecto al modelo vigente, alcanzando un total aproximado de 224.500 millones de euros. Sin embargo, Fedea critica que el aumento en la capacidad tributaria se enfoque en financiar competencias específicas a través de incrementos en el IVA y el IRPF, donde se establece que se cedería el 55% del IRPF y el 56,5% del IVA.
Además, la Fundación sugiere una alternativa al enfoque actual, planteando la idea de un «IVA colegiado». Esta propuesta permitiría que las comunidades asuman colectivamente el coste político de las necesarias subidas impositivas, abordando así los crecientes gastos derivados de desafíos como el envejecimiento de la población. Este enfoque podría ser más equitativo y eficiente en la gestión de recursos públicos, facilitando una mejor adecuación a las características y necesidades específicas de cada comunidad autónoma.