La tensión en la frontera de Ceuta ha vuelto a ser protagonista tras la prohibición de las autoridades marroquíes a dos equipos de periodistas, de la Agencia Efe y de TVE, para operar en la ciudad de Fnideq (Castillejos). Esta acción se produce en el contexto de la reciente crisis migratoria, cuando aproximadamente 80.000 personas intentaron cruzar a nado hacia España los días 30 y 31 de julio.
El incidente comenzó cuando Youssef Hajji, representante del Ministerio del Interior de Marruecos, comunicó a los reporteros que debían abandonar la localidad de inmediato, alegando que actuaba “cumpliendo instrucciones”. Los informadores estaban cubriendo la represión de centenares de migrantes, en su mayoría subsaharianos, por parte de las fuerzas antidisturbios marroquíes, que usaron gases lacrimógenos y porras para dispersarlos.
El gobierno español se mostró preocupado por esta situación y reafirmó su compromiso con la libertad de prensa en cualquier parte del mundo. Fuentes del Ejecutivo indicaron que la embajada en Rabat estaba en contacto con los periodistas y con las autoridades locales para tratar de encontrar una solución adecuada.
Aproximadamente una hora después del anuncio de la expulsión, los hoteles donde estaban alojados los periodistas recibieron instrucciones para desalojarlos de inmediato. Este giro en los acontecimientos llevó a la Agencia Efe a solicitar una aclaración por parte del Ministerio del Interior marroquí, aunque no obtuvieron respuestas claras. El director de Comunicación del Ministerio de Juventud, Cultura y Comunicación se comprometió a investigar la situación.
El presidente de la Agencia Efe, Miguel Ángel Oliver, expresó su preocupación por la restricción a la libertad de información y solicitó al gobierno marroquí que respete el ejercicio responsable del periodismo. “El periodismo riguroso es nuestra seña de identidad y así lo defendemos tanto en España como a nivel internacional”, afirmó.
Desde TVE, la periodista Arantxa Marculeta lamentó la decisión de las autoridades marroquíes, destacando que el equipo había estado trabajando dentro de una zona considerada segura. La comunicación sobre la expulsión incluyó la prohibición de hacer grabaciones en cualquier parte de la ciudad, con la amenaza de perder el permiso de prensa y la confiscación de material periodístico.
