El reciente desembolso de 6,3 millones de euros por parte del Gobierno regional de Madrid ha despertado una serie de interrogantes en torno a la adquisición de un ático en Chamberí. La compra, realizada a través de la empresa pública Planifica Madrid, fue justificada como una medida temporal durante las supuestas obras de renovación de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno en la Puerta del Sol. Sin embargo, las obras en cuestión no habían sido anunciadas hasta ahora, lo que motiva críticas y especulaciones sobre la verdadera naturaleza del proyecto.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, aseguró que el nuevo inmueble serviría para reuniones gubernamentales mientras se llevaran a cabo algunas reformas en la sede original. No obstante, la falta de información relativa al inicio de estas obras ha llevado a la oposición a cuestionar la transparencia de esta operación. Recientemente se hizo público el contrato para el diseño del proyecto de rehabilitación, adjudicado sin un proceso de concurso a la interiorista Alejandra Pombo, por un monto cercano a los 60,000 euros.
El contrato, que solo cubre la fase de diseño y redacción del proyecto, prevé un costo total de unas obras estimadas en 1,65 millones de euros. Estas obras abarcarán tanto los patios interiores de la planta baja como el ala norte de la segunda planta, donde trabaja la presidenta. En total, se prevé que la reforma impacte sobre 1,846 metros cuadrados del edificio, y el plazo de ejecución se establece en 19 meses, desglosados en varias fases para la redacción y otorgamiento de licencias antes de comenzar la obra física.
Controversia en torno a la justificación de la intervención
El diseño ha sido defendido por el Gobierno como una “actuación artística única”, dado que el inmueble en cuestión es considerado Bien de Interés Cultural. Las autoridades argumentan que la intervenciones requieren cuidados especiales que integren tanto la restauración como la modernización. Sin embargo, esta justificación ha sido considerada insuficiente por la diputada de Más Madrid, Alicia Torija, quien sostiene que la documentación disponible plantea serias dudas sobre la validez de la compra del ático.
Torija insta al Gobierno a demostrar la existencia de un plan real de rehabilitación que justifique el elevado gasto en el ático, señalando que, de no ser demostrable, podría producirse un «paripé» para esconder el verdadero propósito de la compra. La diputada critica también que la rehabilitación de patrimonio se confunda con la simple modernización de espacios, exigiendo que cualquier intervención en edificios protegidos se ajuste a estándares de transparencia y criterios técnicos.
El debate sobre la transparencia y la adecuada gestión de recursos públicos continúa en la agenda política de Madrid, mientras se esperan más detalles sobre las reformas proyectadas. Las críticas no sólo se concentran en la adquisición inmobiliaria, sino en la gestión de los fondos destinados a la cultura y el patrimonio en la región.