La presión fiscal en España seguirá aumentando en los próximos años, tal como revela un reciente informe elaborado por la Fundación Civismo. Para el año 2026, se estima que el contribuyente medio deberá trabajar 231 días anualmente para cumplir con sus obligaciones fiscales y sociales, lo que representa cerca de ocho meses de trabajo. Este dato indica un leve incremento de dos días respecto al informe anterior y un total de 19 días más en comparación con el año 2024.
El estudio destaca que este crecimiento en la presión fiscal no se ha estabilizado y continúa en ascenso, aunque de manera más moderada. Además, resalta la desigualdad territorial en el esfuerzo fiscal entre las diferentes comunidades autónomas, siendo Cataluña y Extremadura las que requieren más días de trabajo por parte de sus contribuyentes, alcanzando los 238 días. Les siguen Aragón con 237 días, las Islas Baleares con 236 días, y Galicia y Asturias, donde la obligación fiscal se salda en 235 y 234 días, respectivamente.
Desigualdad Fiscal Territorial
En otras regiones, los contribuyentes de Andalucía, Cantabria y Castilla-La Mancha enfrentan un período de 233 días, mientras que en la Comunidad Valenciana y Navarra son 232 días. Por debajo de la media nacional de 231 días, se encuentran la Región de Murcia con 230, Castilla y León con 229, y las Islas Canarias con 228 días. La Comunidad de Madrid, con 226, y el País Vasco, con 225 días, presentan las cifras más bajas en comparación con el resto del país.
La Fundación Civismo atribuye parte de esta desigualdad al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), cuyo marco se ve influenciado por la residencia fiscal de los contribuyentes, aunque también hace mención de otros tributos que son gestionados a nivel autonómico. A excepción de la Comunidad de Madrid, todas las comunidades autónomas de régimen común cuentan con impuestos propios, siendo Cataluña la región con un sistema tributario más amplio, que incluye gravámenes como el impuesto sobre bebidas azucaradas y el impuesto de emisiones de vehículos.
Impacto del Coste Laboral
Otro aspecto resaltado en el informe es el coste laboral. Según los datos, solo el 58,3% de cada 100 euros que representa el coste laboral llega efectivamente al trabajador como salario neto. Para un empleado medio con un salario bruto anual de 32.446 euros, el coste total para la empresa se sitúa en 42.390,70 euros, de los cuales el trabajador percibe aproximadamente 24.724,91 euros netos, después de pagar 17.665,79 euros en impuestos y cotizaciones sociales.
A pesar de tener presupuestos prorrogados, España ha visto un notable aumento en la recaudación fiscal. Los ingresos tributarios superaron el 10%, alcanzando los 325.356 millones de euros, mientras que el PIB nominal creció un 5,8%. Esta situación indica que, incluso sin presupuestos nuevos, el sistema fiscal sigue generando ingresos a través de los gravámenes vinculados a la actividad económica, como el IRPF y el IVA.
Progresividad Fría y su Consecuencia en la Renta Disponible
El fenómeno conocido como «progresividad fría» ha sido otro tema abordado en el informe, poniendo en evidencia cómo el incremento de los ingresos por IRPF, que aumentó un 10,1%, supera el crecimiento de las rentas brutas de los hogares —que fue del 7,2%—. Como resultado, el tipo efectivo sobre estas rentas también se ha elevado en un 3,5%, lo que se traduce en una mayor carga tributaria para los ciudadanos sin necesidad de una modificación formal de los tipos impositivos.
La Fundación Civismo advierte que tal situación genera una erosión en la renta disponible de las clases medias. Cuando los salarios aumentan para compensar la inflación, pero los parámetros del IRPF no se actualizan de forma adecuada, la mejora salarial se ve absorbida por la presión fiscal. Este fenómeno, conocido como inflación fiscal encubierta, afecta negativamente la capacidad de consumo, ahorro e inversión de los hogares españoles.