La consultora Maxwell Cremona, vinculada a Alberto González Amador, actual pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado su balance correspondiente al ejercicio 2025, que revela una situación financiera complicada. Según los documentos oficiales depositados en el Registro Mercantil de Madrid, la empresa reportó unos ingresos de 709.739 euros, lo que representa una caída significativa respecto a años anteriores, así como unas pérdidas de 26.235 euros.
La falta de información detallada en las cuentas anuales ha generado inquietud. Muchos apartados están en blanco, lo que hace que una nota en particular resalte: se menciona el reparto de dividendos por un total de 1.225.000 euros. Sin embargo, esta información parece un error, ya que los datos se refieren a 2024 y no a 2025. En el ejercicio anterior, Maxwell Cremona había comenzado con un patrimonio neto de 1,625 millones de euros y logró un beneficio cercano a los 100.000 euros, lo que facilitó el reparto de dividendos en ese año.
Al cierre de 2024, la firma contaba con reservas de 499.405 euros, suficientes para el reparto mencionado. No obstante, la situación cambió drásticamente en 2025. La empresa cerró el año con pérdidas que han reducido sus fondos propios a 471.772 euros y un aumento en las reservas a 596.500 euros. Esta coyuntura plantea dudas sobre la viabilidad de distribuir un nuevo dividendo de 1,2 millones, ya que los registros no indican un aumento en las reservas necesario para tal acción.
Los movimientos financieros de Maxwell Cremona reflejan una notable caída en la facturación, pasando de 1,62 millones de euros en 2023 a 709.800 euros en 2025. Esta tendencia descendente ha llevado a la empresa a una situación de pérdidas, tras haber atravesado años de beneficios que le permitieron a González Amador repartir divididos elevados.
La controversia no termina ahí, ya que el anterior reparto de dividendos ha suscitado sospechas de posible fraude fiscal, llevando a González Amador a estar bajo investigación judicial. Además, se examina su posible implicación en un caso de corrupción relacionado con contratos públicos, habiendo recibido, según la UCO, 4,4 millones de euros del Grupo Quirón, importante proveedor en el sector de la sanidad pública en Madrid.
Este contexto financiero tiene lugar en un momento delicado para la presidenta Ayuso, quien enfrenta cuestionamientos sobre la compra de un ático en Chamberí por más de seis millones de euros por parte de una empresa pública. Las repercusiones de estos hallazgos podrían ampliar las investigaciones y impactar de manera significativa en el panorama político y empresarial de la comunidad.