La reciente decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre cuestiones relativas a la amnistía ha traído consigo reacciones diversas en el ámbito político español. En este contexto, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha instado al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, a regresar a España, considerándolo un «gesto de liderazgo político».
Durante una entrevista en RNE, Puente enfatizó su fe en la justicia española, destacando que la mayoría de los magistrados actúan de manera ajustada a derecho. Sin embargo, también señaló la existencia de una minoría en el sistema judicial cuyas decisiones parecen estar influenciadas por intenciones políticas más que por criterios jurídicos. Esta dualidad en la interpretación del sistema legal ha generado un debate sobre la integridad de las instituciones en el país.
El ministro utilizó un tono irónico al comentar la coincidencia temporal entre la sentencia del TJUE y el anuncio de la Audiencia de Madrid sobre el juicio de Begoña Gómez, sugiriendo que tales «coincidencias» son parte de la rutina en el marco judicial español. Puente argumentó que no se debe asumir mala intención en estos casos, poniendo de relieve la normalidad de situaciones que han suscitado dudas sobre la imparcialidad del sistema.
El ministro también se refirió a lo que considera una ruptura del pacto de la transición democrática, apuntando hacia la derecha política como responsable. Criticó a los sectores que, según él, no respetan los resultados electorales, lo que afecta la confianza en el sistema democrático. Esta crítica se extiende más allá de partidos específicos, abarcando a diversos actores políticos, mediáticos y judiciales que, en su opinión, no respetan el mandato de las urnas.
Puente concluye que la debilidad del pacto democrático ha llevado a una crisis de confianza en el funcionamiento del sistema político en España. La situación actual subraya la necesidad de un diálogo más abierto y una reafirmación de los principios democráticos para restablecer la confianza entre los ciudadanos y sus instituciones.