La situación judicial en torno al caso Villarejo parece estar lejos de resolverse. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha decidido avanzar en su papel como acusación popular al solicitar a la Audiencia Nacional que se cite nuevamente a María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del Partido Popular (PP), en calidad de imputada. Esta medida surge tras una reciente instrucción del juez Antonio Piña, quien ha ordenado a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional investigar si hay material incautado al comisario jubilado José Manuel Villarejo que pueda implicar a Cospedal y a su expareja, Ignacio López del Hierro, en actividades delictivas.
La solicitud del PSOE no se detiene en Cospedal; también pide que se impute al propio PP como entidad, argumentando la relación entre los archivos de Villarejo y posibles delitos en beneficio del partido. Desde la perspectiva socialista, este caso es único dado que no se trata de una empresa convencional, sino de un partido político que, desde 2011, ha estado en el poder y financiado con recursos públicos. Esto plantea interrogantes sobre el uso de medios y fondos públicos en actividades que presuntamente favorecen intereses partidistas.
En un extenso recurso de casi 80 páginas, el PSOE dirige sus argumentos a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, señalando que el juzgado ha ignorado durante años pruebas que podrían haber enriquecido la investigación. A pesar de la reciente acción de solicitar un nuevo análisis, los socialistas critican la negativa del juez a interrogar a Cospedal y a otros implicados, considerando que re-presentar argumentos ya formulados podría prolongar innecesariamente la situación legal.
El juez Piña, en una resolución emitida el 9 de julio, requirió un informe adicional sobre los audios que comprometen a Cospedal, así como una grabación de una conversación con Villarejo en la que se alude a la supuesta «limpieza» del extesorero del PP, Luis Bárcenas. Los audios son considerados por los socialistas como elementos cruciales para esclarecer la supuesta participación de Cospedal y de su entorno en actividades ilegales.
A pesar de las insistencias del PSOE, el caso Kitchen, que investiga una trama de espionaje para sustraer documentos comprometidos de Bárcenas, ha avanzado sin que Cospedal haya sido investigada. Esto ha generado críticas por la falta de valoración de pruebas relevantes. En este contexto, la acusación política recalca que el proceso ha comenzado sin un análisis exhaustivo de las evidencias que los relacionan, lo que añade una nueva capa de complejidad al caso.