La reciente tensión en la cooperación entre Ecuador y Estados Unidos ha resurgido en el marco de la creciente lucha contra el crimen organizado. Desde la llegada de Daniel Noboa a la presidencia, ambos países han establecido 67 compromisos bilaterales, el doble de los pactados durante los dos gobiernos anteriores. Este giro en la política exterior ecuatoriana subraya la seguridad como el eje central de la relación, impulsada tras la declaración de un conflicto armado interno en enero de 2024 y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
Sin embargo, la asociación ha sido puesta bajo el escrutinio tras la publicación de un informe de Human Rights Watch que revela posibles violaciones a derechos humanos en el contexto de esta colaboración. El análisis identifica cuatro operaciones militares críticas, resaltando la falta de transparencia y rendición de cuentas en el ámbito de la seguridad entre ambos países.
Uno de los incidentes más notorios ocurrió entre el 1 y el 6 de marzo de 2026 en San Martín, una localidad rural de Sucumbíos. Las autoridades ecuatorianas presentaron la operación como un éxito, alegando la destrucción de un campamento de narcotraficantes asociado con la organización criminal Comandos de la Frontera. Sin embargo, los testimonios de cuatro trabajadores de la finca afectada contradicen esta narrativa, revelando detenciones y torturas en un batallón militar cercano, donde sufrieron maltratos extremados por parte de las fuerzas ecuatorianas.
Juanita Goebertus de Human Rights Watch afirma que esta cooperación no ha logrado proporcionar mayor seguridad a los ciudadanos ecuatorianos. La dirección de la organización sostiene que los recursos destinados a estas operaciones no han contribuido a desmantelar estructuras criminales, sino que han estado mal empleados en acciones violentas y represivas.
La oposición política en Ecuador ha demandado una investigación sobre el incidente en San Martín, pero la respuesta del oficialismo ha sido tibia. Mariana Yumbay, asambleísta del partido Pachakutik, ha destacado que las iniciativas de fiscalización han encontrado obstáculos, sugiriendo que el oficialismo busca minimizar la responsabilidad en estos casos. En particular, la falta de acción se ha extendido incluso a otros episodios cuestionables, como el ataque a tres embarcaciones pesqueras en el Pacífico ecuatoriano, que también han hecho eco de las preocupaciones sobre la cooperación con Estados Unidos.
En este contexto, la situación se complica al considerar las presuntas implicaciones de empresas privadas en las operaciones de seguridad. Human Rights Watch ha mencionado a Vectus Global, asociada con Erik Prince, como un posible actor en la cooperación militar, aunque Prince ha negado cualquier vinculación con los incidentes reportados.
Desafíos en la colaboración bilateral
La relación entre Ecuador y Estados Unidos se enfrenta a múltiples interrogantes: ¿Qué papel realmente desempeña Estados Unidos en estas operaciones? ¿Cuáles son los límites de esta cooperación en temas de seguridad? Estas cuestiones se vuelven aún más apremiantes en un momento donde Ecuador está intentando afianzar su estrategia contra el crimen organizado. A pesar de la reciente publicación del primer Plan Nacional de Seguridad bajo la presidencia de Noboa, las preocupaciones sobre la supervisión y rendición de cuentas siguen sin ser respondidas.
A medida que la violencia y los homicidios continúan en niveles alarmantes, también crecen las solicitudes de justicia y transparencia. La falta de claridad sobre la participación de fuerzas extranjeras y la utilización de recursos, deja a la ciudadanía ecuatoriana con más dudas que respuestas en un panorama donde la seguridad es fundamental para el desarrollo del país.