El conocido cantante Julio Iglesias ha llevado su disputa legal con la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, hasta el Tribunal Supremo. Iglesias ha presentado una demanda en la que solicita una indemnización de 50.000 euros por daños morales, argumentando que ha sufrido una «intromisión ilegítima en el derecho al honor y a la intimidad personal» tras las declaraciones de Díaz.
Este enfrentamiento judicial se origina en comentarios realizados por la vicepresidenta en enero pasado a través de su cuenta de Bluesky y durante un programa de RTVE. Sus palabras surgieron tras la divulgación de una denuncia hecha por dos antiguas empleadas de Iglesias, quienes lo acusaron de presuntos delitos de abuso sexual, aunque esta causa fue posteriormente archivada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
En su demanda, Julio Iglesias pide que el Supremo reconozca que las afirmaciones de Díaz vulneraron su derecho al honor y exige que ella se retracte públicamente. Además, solicitan que la vicepresidenta cubra los costos legales del procedimiento.
Acciones legales contra periodistas
De manera simultánea, Iglesias ha interpuesto una querella contra varios periodistas de elDiario.es, incluidos su director, Ignacio Escolar. En esta acción, se les atribuyen presuntos delitos de injurias, calumnias y un ataque a la integridad moral debido a las informaciones relacionadas con el caso. La defensa del cantante sostiene que dichas publicaciones incluyeron afirmaciones «falsas e injuriosas» destinadas a dañar su imagen pública.
Contexto de la denuncia y archivo por parte de la Fiscalía
La controversia tiene sus raíces en la denuncia presentada por dos extrabajadoras, quienes acusaron a Iglesias de delitos graves, como trata de personas, agresión sexual y violaciones de derechos laborales. Sin embargo, la Fiscalía decidió archivar el caso, considerando que los tribunales españoles no tenían la jurisdicción adecuada para investigarlo.
Posteriormente, Yolanda Díaz describió en su cuenta de Bluesky los testimonios de las denunciante como «escalofriantes», y se refirió a abusos y condiciones de esclavitud, añadiendo que valoraba el trabajo de las denunciantes y de los periodistas involucrados.
Percepción de culpabilidad y falta de acuerdo
La defensa de Iglesias argumenta que las declaraciones de Díaz transmitieron una imagen de culpabilidad al público antes de que se hubiera dictado una resolución judicial. Consideran que la vicepresidenta asumió como ciertos hechos potencialmente dañinos para el artista.
Ante la falta de resolución, ambos lados intentaron un acto de conciliación, el cual culminó sin acuerdo. Yolanda Díaz no accedió a retractarse, alegando que sus declaraciones no habían afectado el honor de Iglesias. La misma situación se repitió en el caso de elDiario.es, donde el medio mantuvo su posición y defendió la veracidad de sus informaciones tras un intento fallido de conciliación.