El magistrado Juan Carlos Peinado ha reabierto el debate en torno a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, tras dictar una nueva resolución que le exige “acreditar” el uso del pasaporte durante su reciente viaje al Reino Unido. Esta medida se produce después de que el juez, quien ha estado al mando de un proceso judicial polémico por más de dos años, le devolviera temporalmente su pasaporte para asistir a la graduación de su hija, celebrada el 8 de julio. Sin embargo, Peinado ha afirmado que no se registran entradas o salidas en los días autorizados, lo que plantea más interrogantes sobre el cumplimiento de la orden judicial.
El viaje de Begoña Gómez a Gran Bretaña fue inicialmente aprobado por el magistrado Antonio Viejo, quien tomó el relevo temporal de Peinado. El permiso estaba limitado a este destino, rechazando el pedido para asistir a una cumbre en Turquía. En su resolución, Viejo argumentó a favor del viaje, citando la buena relación de cooperación judicial entre España y el Reino Unido incluso tras el Brexit.
Desde que se conoció esta nueva exigencia de Peinado, que conlleva la amenaza de un delito de “quebrantamiento de medida cautelar”, las reacciones desde el ámbito político no se han hecho esperar. Desde el PSOE se han expresado opiniones fuertes acerca de esta situación, señalando una supuesta “obsesión” por parte del sistema judicial hacia Gómez. Por su parte, Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE, calificó la persecución como “delirante” y como una cacería incomprensible dirigida hacia una persona inocente.
Un contexto judicial complicado
La incertidumbre sobre el futuro de Gómez se complica por el hecho de que, en su caso, se han planteado cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. La decisión de abrir juicio oral le permitió también al juez imponerle la obligación de comparecer dos veces al mes y retirarle el pasaporte, limitando así sus movimientos en un contexto ya de por sí tenso.
El magistrado ha expresado que hay indicios racionales de criminalidad, sugiriendo que existe el riesgo de que Gómez pueda intentar eludir la acción de la justicia, a pesar de que tanto la defensa como la Fiscalía han cuestionado la proporción de las restricciones impuestas. En un informe reciente, la Fiscalía de Madrid ha criticado el enfoque de Peinado, considerándolo desmedido y posiblemente injustificado, lo que podría cambiar la dirección del caso en el futuro.
En este complejo panorama legal, el tema de la protección de la imagen pública y la red de relaciones del presidente Sánchez, así como las implicaciones políticas de este proceso, continúan generando atención y debate en la esfera pública. La Audiencia de Madrid ha comenzado a discutir varias apelaciones cruciales relacionadas con el caso, lo que podría dar un giro significativo a la situación de Begoña Gómez en los próximos días.