Una coalición compuesta por gobernadores y fiscales generales de 25 estados, junto con el Distrito de Columbia, ha presentado una demanda contra la administración Trump en un tribunal federal de Rhode Island. La acción legal denuncia que el gobierno federal está reteniendo ilegalmente miles de millones de dólares destinados a fondos de emergencia con el fin de «coaccionar» a los estados a implementar políticas de inmigración y realizar cambios drásticos en la gestión de sus elecciones.
De acuerdo con la demanda, presentada en nombre de varios estados, las agencias involucradas son el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). Estas entidades estarían rumbo a violar las normativas que rigen la entrega de fondos, impidiendo el acceso a recursos esenciales a cambio de la adherencia a políticas controvertidas.
El fiscal general de California, Rob Bonta, hizo hincapié en que la estrategia de la administración Trump es una táctica de intimidación hacia gobiernos estatales y locales para que adopten las políticas deseadas a cambio de fondos críticos. Entre los gobernadores que respaldan la denuncia se encuentran los demócratas Andy Beshear de Kentucky y Josh Shapiro de Pennsylvania.
Resistencia de los estados demócratas
La coalición argumenta que FEMA y el DHS no poseen la autoridad para condicionar los fondos federales a las políticas estatales. La demanda cita la Cláusula de Gastos de la Constitución de EE.UU., que establece que cualquier condición impuesta debe ser clara y relevante para los fondos federales asignados. Los demandantes sostienen que las recientes exigencias violan estos principios.
Un aspecto destacado de la demanda es la cláusula impuesta que exigiría a los estados abandonar el uso de máquinas de votación aprobadas a nivel federal, las cuales están diseñadas para agilizar y hacer más preciso el conteo de votos. «Las condiciones para las elecciones obligarían a los estados a deshacerse de años de trabajo y millones de dólares de inversión de la noche a la mañana, solo para obtener financiamiento que el Congreso destinó a la prevención de ataques terroristas», se puede leer en el texto de la demanda.
Este intento de retener fondos federales esenciales es otra muestra de la urgencia de la administración Trump por incrementar su control sobre los procesos electorales en medio de la proximidad de las elecciones de mitad de término. Hasta ahora, los tribunales han mostrado una clara tendencia a respaldar la autonomía de los estados en la gestión de sus elecciones, lo que plantea interrogantes sobre la viabilidad de esta nueva maniobra.
Bonta también expresó su confianza en que esta última acción ilegal no prevalecerá en los tribunales. «Nuestras comunidades merecen mejores soluciones que tener recursos esenciales atrapados en juegos políticos», concluyó el fiscal general.