Enel, la gigante eléctrica italiana que controla Endesa, está preparando el terreno para sus inversores, especialmente el Estado italiano, que posee un 23,6% de la compañía. La preocupación principal gira en torno a la futura extensión de la vida útil de las centrales nucleares en España, un asunto candente en el debate económico entre el Gobierno y la oposición.
Impacto del futuro nuclear
El grupo italiano ha subrayado la relevancia del calendario establecido entre las empresas y Enresa, la empresa responsable de gestionar los residuos nucleares, que ya en 2019 marcó el cierre gradual de siete reactores activos entre 2027 y 2035. Recientemente, Enel informó que cualquier modificación en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) podría influir en la duración de operación de las plantas nuclear de Endesa, así como en los costos relacionados con su desmantelamiento.
Desde su análisis, Enel hace hincapié en que, aunque el PNIEC para 2023-2030, publicado en septiembre de 2024, no presentó cambios significativos, las compañías que operan la central de Almaraz (planeada para cerrarse en 2027) propusieron extender su funcionamiento hasta 2030, argumentando razones de seguridad en el suministro eléctrico.
Presiones políticas y económicas
Bajo este contexto, la regulación actual en España toma un rol crucial. En 2025, la presión política ha aumentado para reconsiderar el cierre de las plantas nucleares. Partidos con representación significativa en el parlamento como el PP, Vox y Junts per Catalunya abogan por mantener operativas estas instalaciones, apostando por la energía nuclear en los próximos años.
Para Enel y Endesa, el futuro de las centrales nucleares es esencial, no solo por su impacto en la sostenibilidad del negocio, sino también porque generan aproximadamente 1.000 millones de euros en dividendos anuales, de los cuales una parte importante va al Ministerio de Economía y Finanzas italiano, bajo el liderazgo del Gobierno de Giorgia Meloni.
La importancia del parque nuclear español
Endesa posee casi la mitad del parque atómico en España, siendo uno de los accionistas más relevantes de Almaraz I y II, así como el principal propietario de Ascó I y II y Vandellós. La generación nuclear juega un papel fundamental en su cartera de clientes, convirtiéndose en un pilar junto a la compañía Iberdrola.
Además, desde una perspectiva contable, la ampliación de la vida útil de estas plantas podría ser muy beneficiosa para Enel. Muchas de sus infraestructuras han sido amortizadas a 50 años, lo que podría significar una pérdida significativa si se decidiera su cierre anticipado. Por otro lado, extender su operación proporcionaría ganancias adicionales, así como la posibilidad de reducir la tasa por desmantelamiento.
Un 2025 cargado de negociaciones
Hasta ahora, el Gobierno no ha tomado decisiones que desafíen el PNIEC. Sin embargo, en 2025, el Ministerio de Transición Ecológica abrió la puerta a revisar el calendario de cierres, siempre bajo la premisa de seguridad nuclear y sin costos añadidos para el consumidor.
Durante los últimos meses, las empresas eléctricas han presionado para obtener una reducción de impuestos vinculada a la solicitud de prórroga de Almaraz, que debe tomar forma pronto, dado que la fecha de clausura para el primer reactor se sitúa en noviembre de 2027.
El bloque de la oposición en el parlamento ha estado activo, pidiendo que se revise la carga fiscal aplicable a las centrales nucleares, lo que refleja la tensión que rodea a este debate crítico. A pesar de la solicitud de prórroga por parte de las eléctricas, el Ministerio ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que evalúe la situación, al tiempo que las gestiones para el desmantelamiento siguen adelante.
Los expertos anticipan que el CSN emitirá un informe favorable a la extensión de la vida útil, condicionado a inversiones que garanticen la seguridad. En última instancia, corresponde al Gobierno decidir si se procederá al cierre o se concederá la prórroga, un paso que se considera vital en la política energética del país.
La cuestión resulta estratégica; una prórroga nuclear concedería a Iberdrola, Endesa y Naturgy un dominio aún mayor en la generación de electricidad nacional frente a competidores emergentes, lo que impacta en miles de millones en inversiones y en el costo final para los consumidores.
