El inicio de este nuevo año ha traído consigo un acontecimiento significativo en el ámbito de la fiscalidad internacional. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha hecho público lo que califica como una “decisión histórica”: la implementación de un impuesto mínimo del 15% para las grandes multinacionales. Este acuerdo ha sido respaldado por más de 145 países y entidades del Marco Inclusivo OCDE-G20, y se promueve como una muestra de cooperación en tiempos de crecientes tensiones globales. Sin embargo, la realidad parece menos optimista: la nueva normativa exime a las potentes corporaciones estadounidenses, dejándolas en una mejor posición competitiva frente a la Unión Europea, donde ya se ha adoptado la primera versión del impuesto.
El nuevo marco fiscal y sus implicaciones
El lema del acuerdo es un sistema conocido como side-by-side, que permite la coexistencia de regímenes fiscales nacionales con el marco internacional propuesto por la OCDE. Las jurisdicciones que cumplan con ciertos estándares pueden seguir aplicando sus propias normativas en lugar de alinearse completamente con el modelo global. Curiosamente, el único país que actualmente se adapta a estas condiciones es Estados Unidos, que impulsó este cambio durante la administración de Donald Trump.
A su regreso a la Casa Blanca, Trump fue crítico del impuesto mínimo a las multinacionales, conocido como el pilar dos, argumentando que perjudicaba a las empresas estadounidenses, que ya cuentan con su propia normativa fiscal. Además, lanzó amenazas a naciones que decidieran implementar gravámenes «extraterritoriales» sobre las empresas norteamericanas.
Esta táctica de presión ya mostró su eficacia en el G-7 el año pasado, donde se acordó excluir a las multinacionales estadounidenses del impuesto. Ahora, desde Washington, se celebra esta modificación como un triunfo tanto diplomático como económico. Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE. UU., describió el acuerdo como una “victoria histórica que protege la soberanía y los intereses de las empresas estadounidenses”. El actual gobierno no ha dudado en criticar a la administración anterior por sus intentos de cooperación internacional.
Reacciones desde Europa
Mientras tanto, desde Bruselas las reacciones han sido más comedidas. Aunque no ha habido comunicados formales, el comisario de Clima, Wopke Hoekstra, catalogó el acuerdo como un “paso positivo” para la estabilidad del sistema tributario global. Entre los miembros de la UE, Irlanda, un destino atractivo para multinacionales debido a su fiscalidad baja, se ha alineado con las nuevas reglas. Simon Harris, viceprimer ministro irlandés, destacó que el acuerdo brinda “certeza y estabilidad”, con un compromiso de revisión del sistema side-by-side en 2029.
No obstante, otros países europeos, como Estonia, Polonia y la República Checa, expresaron su preocupación por la excepción estadounidense. Consideran que las nuevas reglas amenazan la competitividad de las empresas europeas, al imponerles mayores costos administrativos en comparación con sus homólogas estadounidenses.
Críticas al nuevo acuerdo
El impuesto mínimo del 15% fue inicialmente consensuado en 2021 entre más de 130 países para poner freno a la evasión fiscal corporativa. Sin embargo, el nuevo acuerdo ha encontrado críticas por su falta de coherencia, ya que no todos los actores están sujetos a las mismas reglas. Esto podría poner en desventaja a las multinacionales de la UE, que deberán asumir mayores cargas.
Organizaciones civiles y think tanks han también emitido críticas contundentes. Alex Cobham, director de la red internacional Tax Justice Network, lamentó la falta de datos cuantitativos sobre el acuerdo y advirtió que los países de la OCDE, incluyendo la UE y el Reino Unido, han cedido su derecho a gravar a las empresas que operan dentro de sus fronteras.
Gabriel Zucman, economista francés especializado en evasión fiscal, calificó la revisión del impuesto mínimo como una “rendición patética” que refleja un multilateralismo defectuoso. Zucman concluyó que este desenlace demuestra la falta de compromiso de los líderes globales con un impuesto mínimo común, sugiriendo que priorizan intereses comerciales sobre la justicia fiscal.
El futuro de la fiscalidad internacional está ahora más en entredicho que nunca, y las tensiones entre potencias continúan creciendo. En este contexto, la atención se centrará en cómo los diferentes países manejarán sus políticas fiscales y competirán en el escenario global.
