El Sepblac, la unidad del Ministerio de Economía dedicada a combatir el blanqueo de capitales, ha emitido una impactante multa de más de 30 millones de euros relacionada con la venta de la emblemática Torre Foster, ubicada en el prestigioso paseo de la Castellana de Madrid. Esta sanción, una de las más elevadas en la historia del organismo, fue primero adelantada por Bloomberg.
Una venta polémica
La controversia gira en torno a una operación inmobiliaria llevada a cabo por Bankia, que fue absorbida por CaixaBank en 2021. En 2016, la ahora extinta Bankia vendió la Torre Foster al magnate Amancio Ortega, fundador de Inditex, por aproximadamente 500 millones de euros. Desde entonces, esta transacción ha atraído la atención de las autoridades españolas y ha estado bajo el escrutinio de varias investigaciones.
El Consejo de Ministros ya había dado a conocer una de las sanciones en diciembre de 2023, por un total de 17 millones de euros. Según el Boletín Oficial del Estado (BOE), se encontraban evidencias de un «incumplimiento grave de la obligación de comunicación ante indicios de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo». Además, en junio de este mismo año, se registró otra multa contra CaixaBank por 3,3 millones, que abordaba situaciones similares.
Reacciones y contexto
Un portavoz de CaixaBank ha indicado a Bloomberg que el banco está apelando las sanciones, aunque se ha abstenido de proporcionar más detalles sobre el proceso. Desde el Ministerio de Economía, encargado de supervisar al Sepblac, tampoco se han emitido declaraciones.
El caso se remonta a una década atrás, cuando Bankia decidió vender la Torre Foster, que en ese entonces estaba ocupada por Cepsa (actualmente conocida como Moeve). La transacción se llevó a cabo en dos fases: primero, Bankia vendió el edificio al entonces presidente de Cepsa, Khadeem Al Qubaisi, por alrededor de 400 millones de euros. Más tarde, Al Qubaisi optó por venderla a Pontegadea, el brazo inversor de Amancio Ortega.
Un problema más amplio
No es la única entidad que ha enfrentado sanciones en este contexto. A finales de 2020, el BOE reportó multas del Sepblac por un total de 8,2 millones contra Bankinter, ligado a un crédito que permitió a Al Qubaisi adquirir el inmueble antes de revenderlo. Además, en junio pasado, la Audiencia Nacional emitió una orden de busca y captura contra Al Qubaisi, quien está siendo investigado por delitos de blanqueo de capitales y evasión fiscal en relación con la venta de la Torre Foster.
Las implicaciones de estas sanciones reflejan la creciente preocupación de los organismos reguladores sobre el uso de operaciones inmobiliarias como vehículos para el blanqueo de capitales y la necesidad de una supervisión más rigurosa en este sector. La historia de la Torre Foster se convierte en un claro ejemplo de cómo los grandes negocios pueden estar envueltos en controversias que van más allá de los beneficios económicos.
