La Audiencia Nacional ha dictado una sentencia que condena al Estado a indemnizar con 50.000 euros a un preso que sufrió la amputación de una pierna debido a la falta de atención médica oportuna. Aunque el tribunal no encontró errores médicos significativos, determinó que el retraso en el traslado del interno al hospital le privó de tratamientos que podrían haber evitado esta drástica intervención.
Un caso de negligencia médica
Los hechos ocurrieron en el centro penitenciario de Mansilla de las Mulas, en León, donde el interno comenzó a quejarse de un dolor persistente en su pierna derecha que abarcaba tibia, peroné, rodilla y tobillo. A pesar de ser evaluado por el médico de la prisión los días 16 y 17 de julio de 2020, las exploraciones no revelaron indicios alarmantes. No obstante, su situación se agravó rápidamente el 21 de julio cuando, tras perder el pulso en la pierna y presentar coloración morada, fue trasladado de urgencia al hospital.
El diagnóstico que recibió al día siguiente fue grave: una isquemia severa, lo que llevó a la amputación de su pierna. Consciente de la gravedad de su caso, el interno solicitó una indemnización de 360.000 euros al Ministerio del Interior, argumentando que de haber recibido atención médica más rápida, podría haberse evitado la amputación.
La respuesta de la Administración
El Ministerio del Interior rechazó la solicitud, apoyándose en informes médicos y forenses que afirmaban que la atención brindada fue adecuada y que la enfermedad del interno tenía un desarrollo irreversible. Se mencionaron, además, varios factores de riesgo del paciente, incluyendo VIH avanzado, hepatitis C, politoxicomanía y un tabaquismo intenso, todos vinculados a su situación clínica.
La Audiencia Nacional reconoció parcialmente el enfoque de la Administración. Si bien no se puede afirmar con certeza que una atención más rápida hubiera evitado la amputación, el tribunal sí subrayó algo crucial: la falta de seguimiento médico durante el fin de semana previo a la cirugía impidió al preso explorar tratamientos alternativos, como una revascularización urgente. Esto, según los jueces, constituye una pérdida de oportunidad que merece ser compensada.
Un llamado a la justicia
La resolución enfatiza que la Administración tiene la obligación de asegurar que todos los internos reciban tratamientos médicos adecuados. Aunque no se puede garantizar el éxito en todos los casos, sí es crucial que la atención sea acorde a las circunstancias y se brinde en los tiempos adecuados.
Así, la Audiencia Nacional decidió que el Estado debe pagar 50.000 euros al interno, una cifra que considera justa, dadas las circunstancias de salud previas y la incertidumbre sobre las posibles decisiones médicas que podrían haber cambiado el desenlace de su situación. Este fallo no solo resalta la importancia de la atención médica oportuna en entornos penitenciarios, sino que también sirve de recordatorio sobre los derechos de los internos a recibir un tratamiento adecuado y humano.
