La reciente propuesta de la ministra de Hacienda ha generado un aluvión de reacciones, combinando elementos que prometen mejorar el sistema fiscal con desafíos que podrían complicar su implementación.
Uno de los aspectos más destacables es que la reforma no busca desmantelar el sistema actual, como se esperaba tras el acuerdo entre PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa. Este enfoque es un alivio, ya que España no necesita más fragmentación en su Agencia Tributaria ni nuevas modalidades de conciertos. La propuesta se orienta hacia un modelo más federalista, lo que es un paso positivo.
Mejoras en la Financiación: Beneficios para las Regiones Más Desfavorecidas
La reforma plantea una disminución en la desigualdad en la financiación por habitante ajustado, un cambio necesario que busca corregir las inequidades del sistema. Regiones como la Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía serán las que más se beneficiarán, mientras que aquellas que históricamente han estado en las posiciones más favorecidas, como La Rioja, Cantabria y Extremadura, verán menos mejoras.
Transparencia y Eficiencia: Avances y Retos
Desde el punto de vista de la transparencia y la eficacia operativa, hay luces y sombras. Si bien se eliminarán algunos fondos que complicaban la logística actual, se está creando un nuevo marco que requiere atención. La posibilidad de que las comunidades reciban su financiación sin esperar hasta dos años para las liquidaciones es un avance importante, aunque persisten interrogantes sobre cómo se manejará el IVA que recauden las pymes.
Criterio de Ordinalidad: Un Desafío por Delante
Sin embargo, un obstáculo significativo será el avance del llamado criterio de ordinalidad. Cataluña, junto a Aragón, Madrid y Baleares, son las comunidades que más se beneficiarán en términos per cápita. Esto puede llevar a una relación directa entre la capacidad fiscal y los recursos disponibles para los gobiernos autonómicos. Si bien esta propuesta tiene fundamento en experiencias comparativas, también es argumentable que un modelo más equitativo en la financiación por habitante ajustado podría ser más constitucionalmente sólido.
Este cambio de norma será interpretado, sin duda, como una concesión a Cataluña, lo que podría dificultar una negociación multilateral y un consenso político más amplio. Aunque Cataluña ha jugado un papel singular en reformas anteriores, la claridad y especificidad de esta propuesta son inéditas, lo que podría generar un frente opositor entre comunidades autónomas. Esto podría fortalecer a partidos como el PP, complicando la viabilidad de la iniciativa.
Costos Futuros: Un Desafío Económico
Por último, es crucial señalar el elevado costo que esta reforma podría acarrear para el Gobierno central: se estima que superaría un punto del PIB, un desafío significativo en un contexto de ralentización económica y presiones sobre el gasto público en áreas críticas como defensa o pensiones.
En este complejo entramado, Santiago Lago Peñas, catedrático de Economía Aplicada en la USC y economista sénior de FUNCAS, nos ofrece un análisis profundo de estas dinámicas. La situación se desarrolla y probablemente requerirá atención vigilante para equilibrar intereses regionales y nacionales.
