El pleno del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se reunió extraordinariamente este viernes para abordar la crisis provocada por los recientes dictámenes del Consejo de Estado sobre dos circulares clave para la retribución de las redes eléctricas, que se aplicarán entre 2026 y 2031. Este organismo, encargado de asegurar la conformidad de las regulaciones con la ley española, ha respaldado la circular que establece la metodología para calcular la tasa de retribución financiera (TRF), pero rechazó la que proponía un nuevo modelo de retribución para la distribución. Este último implica un cambio significativo en el sector, ya que introduce el concepto de riesgo en las inversiones de grandes compañías como Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP.
Un Golpe Difícil de Asimilar
La decisión ha caído como un balde de agua fría en la CNMC. Con la fecha límite del 1 de enero acercándose rápidamente, la falta de publicación de las nuevas normas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) significaría la prórroga automática de la actual TRF, vigente desde 2019, y del modelo de retribución sin riesgo, que data de 2014. A pesar de que muchos expertos consideran que la situación es prácticamente irreversible, ya que no hay tiempo suficiente para incorporar los cambios solicitados por el Consejo de Estado, tanto la presidenta Cani Fernández como la directora general de Energía, Rocío Prieto, buscan alternativas. Según insiders, Fernández está dispuesta a presentar una versión modificada de la circular en la próxima reunión del pleno, programada para el lunes.
Dilemas Jurídicos y Normativos
Desde el punto de vista jurídico, aprobar la normativa sin atender a las preocupaciones planteadas por el Consejo de Estado podría ser considerado un acto de «rebeldía». A pesar de que esta alternativa ha sido descartada, Fernández se resiste a aceptar una prórroga del modelo actual, buscando el respaldo de al menos seis vocales del consejo para avanzar con los ajustes necesarios antes del 1 de enero. Sin embargo, el desafío radica en que cuando las objeciones son fundamentales, no se trata de simples correcciones, sino que se requiere la creación de un nuevo marco normativo. De lo contrario, la regulación podría ser fácilmente impugnada judicialmente.
El Consejo de Estado ha subrayado que el nuevo modelo retributivo propuesto por la CNMC infringiría la Ley del Sector Eléctrico en dos aspectos clave: la limitación de las inversiones elegibles para retribución, que solo puede ser determinada por el Ministerio de Transición Ecológica, y la inadecuación de someter a riesgo una actividad regulada esencial como la distribución eléctrica. Este modelo no puede depender de la demanda futura ni del aumento en la captación de clientes, a diferencia de lo que ocurre en el sector del gas, regulado por la Ley del Sector de Hidrocarburos, que no se considera esencial.
Un Proceso Lento
El 29 de octubre, la CNMC envió propuestas de las circulares al Consejo de Estado, las cuales fueron rápidamente rechazadas por el sector. En cuanto a la circular de la TRF, la CNMC sugiere una tasa del 6,58% para el nuevo periodo regulatorio, mientras que las empresas demandan un mínimo del 7%. Este nuevo enfoque, que vincularía las inversiones a la demanda futura, ha sido criticado por limitar la conexión eléctrica para muchos usuarios.
Desde el inicio del año, se ha estado trabajando en estas circulares, pero el proceso se ha visto obstaculizado, en parte, por la tardía respuesta del Ministerio de Transición Ecológica, que envió su dictamen sugerido de mejora con retraso. Además, el ministerio no convocó al comité de orientaciones de política energética, que podría haber actuado como mediador entre la CNMC y las empresas, actualmente en conflicto.
Presiones del Sector
Se dice que tras la decisión del Consejo de Estado han influido las presiones de las grandes compañías del sector, que han luchado intensamente contra el nuevo modelo y reclaman una tasa que consideren más adecuada, especialmente al incluir elementos de riesgo. Estos argumentos, junto con la necesidad de electrificación de la economía, han llevado a una percepción de discriminación en comparación con otros sectores regulados por la CNMC, como telecomunicaciones o transporte.
Ahora las eléctricas deben enfrentar la perspectiva de mantener el actual modelo de retribución, seguro pero con una TRF del 6,58%, que aunque más alineada con el modelo reciente, no cumple con sus expectativas de un incremento. Este panorama podría dar lugar a varios años llenos de incertidumbre y litigios.
La solución más viable para cumplir con las exigencias del Consejo de Estado hubiera sido modificar la Ley del Sector Eléctrico a través de un real decreto ley hace meses, pero ahora, requeriría la participación directa del Gobierno. Aunque los dictámenes del Consejo de Estado no son vinculantes, es poco probable que la CNMC ignore sus recomendaciones, algo que solo ha ocurrido en contadas ocasiones en la historia gubernamental.
