El Gobierno español ha dado un paso significativo al lograr el apoyo de Junts para el Proyecto de Ley Integral de la Economía Social, una iniciativa que fue debatida en el Congreso de los Diputados. Esta reforma, promovida por el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz, superó la votación en la ponencia de la Comisión de Trabajo con 19 votos a favor y 18 en contra. A pesar de un desacuerdo previo entre el partido y el Ejecutivo, el diputado de Junts, Josep Maria Cervera, explicó que la colaboración se basó en que se han incorporado varias propuestas del partido al proyecto, además de que se llegó a un pacto antes del anuncio de ruptura de sus bases.
Objetivos Clave del Proyecto
El proyecto busca modernizar distintas leyes, incluyendo la de Cooperativas (1999), la de Empresas de Inserción (2007) y la de Economía Social (2011). Su propósito principal es:
- Impulsar la contratación pública de empresas dedicadas a la economía social.
- Ampliar los colectivos beneficiarios de los contratos de inserción.
- Proporcionar un marco legal más robusto para las actividades de economía social.
Este marco aún no está en vigor; el siguiente paso es su discusión en el Senado. Dada la mayoría del PP en esta cámara, se prevé una votación negativa, lo que llevaría el proyecto de regreso al Congreso para un nuevo debate, posiblemente en febrero.
Un Sector Comprometido
Cervera subrayó en la comisión que Cataluña posee una gran variedad de entidades en el sector social, que contribuyen de forma significativa al PIB regional. Destacó el compromiso del tercer sector con las comunidades más vulnerables, algo que fue clave para el apoyo de su grupo a la legislación.
Además, enfatizó que uno de los acuerdos entre el Gobierno y Junts es frenar la «invasión competencial», permitiendo a Cataluña tomar decisiones que mejoren las políticas de economía social. «Colaborar en este ámbito es recuperar competencias que han sido erosionadas por el centralismo de diversos gobiernos», apuntó Cervera.
Potenciando la Economía Social
Según el comunicado del Ministerio de Trabajo, de ser aprobada, la nueva normativa permitirá:
- Adaptar las cooperativas a las nuevas tecnologías.
- Fomentar planes de igualdad en estas entidades.
- Promover el cooperativismo.
El ministerio también tiene la intención de introducir nuevas formas innovadoras de economía social, como el comercio justo y comunidades energéticas. Se planea además aumentar del 10% al 15% el porcentaje de contratación pública destinada a este sector, y se busca una definición más clara de las entidades que forman parte de la economía social.
Por último, también se espera que esta normativa amplíe la inclusión de colectivos vulnerables, especialmente la población gitana y personas en procesos de regularización.
La situación actual del ministerio, tras la oposición recibida por el anteproyecto de reducción de jornada a 37,5 horas, se espera que cambie con el endurecimiento del registro horario, que podría ser aprobado por decreto, eludiendo el respaldo parlamentario.
