El pasado 14 de diciembre, A. G. G., un electricista de 72 años, falleció en Legazpi (Gipuzkoa) víctima de un mesotelioma pleural, enfermedad vinculada a su exposición al amianto en sus años de trabajo. En su esquela, su estatus de “víctima del amianto” resonó con dolor. Lamentablemente, es muy probable que su fallecimiento marque el último de la larga lista de personas que han sucumbido a esta peligrosa sustancia antes de que el Estado español finalmente comience a indemnizar a los miles de afectados por problemas de salud relacionados con el asbesto. Desafortunadamente, las familias de aquellos que ya han perdido la vida no podrán acceder a estas compensaciones.
### Compensaciones y el Fondo de Amianto
Recientemente, la Seguridad Social ha empezado a notificar a varios beneficiarios la aprobación de indemnizaciones por pensiones de incapacidad permanente relacionadas con enfermedades causadas por el amianto. Se espera que antes de finalizar el año se hayan procesado alrededor de cinco indemnizaciones. Esto se produce tras la activación del Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto, establecido casi cuatro años atrás pero que comenzó a operar de forma efectiva en 2022.
El reglamento que regula este fondo entró en vigor el 18 de septiembre, aunque con un retraso considerable: más de dos años después de lo estipulado en la ley de 2022. Aunque se había previsto que las indemnizaciones para cerca de 700 trabajadores afectados iniciarían con esta aprobación, nuevos requisitos burocráticos han demorado su llegada. Estos nuevos requisitos obligan a los beneficiarios a presentar certificados de enfermedades provocadas por el amianto, emitidos por unidades administrativas que aún están en proceso de implementación en algunas comunidades autónomas.
### Afectados y Desafíos Normativos
Las cifras son alarmantes: según un informe de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, se estima que alrededor de 4,582 muertes al año están atribuidas a la exposición laboral al amianto. Sin embargo, solo un número reducido de menos de 700 trabajadores tiene la capacidad de recibir las compensaciones económicas a las que deberían acceder.
Jon García, portavoz de la Federación de Asociaciones de Víctimas del Amianto (FEDAVICA), señala contradicciones significativas entre la ley original y el reglamento reciente. “Se planteó un fondo que debía ofrecer cobertura universal, pero los nuevos requisitos limitan las indemnizaciones a un grupo reducido”, critica. Además, García plantea que las indemnizaciones no son suficientes para disuadir a las víctimas de buscar compensaciones en los tribunales, donde las cantidades reconocidas suelen ser considerablemente más altas de lo que el fondo contempla.
### La Cuestión Fiscal
Otro punto crítico es la tributación de las indemnizaciones. Según la normativa actual, estos pagos tributan a Hacienda, lo que significa que los beneficiarios podrían recibir menos de la mitad de lo que se les asigna. Desde FEDAVICA, se argumenta que existe una desigualdad en esta cuestión, ya que en algunas comunidades como el País Vasco y Navarra, se han aprobado exenciones fiscales para indemnizaciones de otros colectivos.
A pesar de los esfuerzos de la Seguridad Social para contactar con posibles afectados y facilitar el acceso a las compensaciones, no hay garantías de cambios en la regulación que permitan ampliar el círculo de beneficiarios. La decisión sobre la tributación recae en el Ministerio de Hacienda y, por lo tanto, la incertidumbre persiste para aquellos que aún esperan justicia por sus penosas experiencias con el amianto.
El camino hacia la indemnización efectiva de las víctimas del amianto sigue siendo una lucha difícil, marcada por la burocracia y las limitaciones impuestas por las normativas actuales.
