Desde la Gran Recesión de 2008, las discusiones sobre la emisión de eurobonos, una forma de deuda gestionada por la Comisión Europea o un Tesoro común, han cobrado protagonismo. Sin embargo, estas propuestas han chocado repetidamente con los llamados «austeritarios», un grupo que luego se autodenominó «frugales». En 2012, cuando España necesitaba un rescate financiero, la canciller Angela Merkel sentenció que nunca se aprobarían estas emisiones, advirtiendo que lo diría «mientras viva».
A lo largo de su trayectoria como canciller, Merkel tuvo que adaptarse a la nueva realidad. Fue evidente que la recuperación económica tras la pandemia requeria importantes recursos, que solo se podían obtener mediante el endeudamiento conjunto: así nació el fondo Next Generation, que inicialmente se fijó en 740.000 millones de euros, y luego se amplió a 800.000 millones. A esto se sumó una inyección adicional de liquidez que el Banco Central Europeo (BCE) facilitaría para apoyar la recuperación.
Recientemente, el Consejo Europeo se vio obligado a avanzar en este tema con mayor rapidez. Esta evolución fue impulsada por la urgente necesidad de apoyar a Ucrania en su resistencia ante la invasión rusa. Sin embargo, el proceso para amortizar los eurobonos NGEU sigue siendo incierto, y aún no hay consenso sobre la cantidad final necesaria ni sobre los mini-impuestos europeos que deberían financiarlos.
En este contexto, la oposición a la deuda común ha sido tenaz. Varios países han argumentado que sería preferible utilizar los activos rusos congelados en la UE, no solo sus rendimientos, como garantía para ofrecer créditos a bajo interés a Ucrania. Sin embargo, las objeciones legales a este mecanismo llevaron nuevamente el debate hacia los eurobonos.
Antes de que la Comisión presentara en marzo su Libro Blanco Rearm Europe, que después se suavizó a Defense Readiness 2030 bajo presión hispano-italiana, los países frugales, liderados por Alemania y los Países Bajos, intensificaron su oposición a los eurobonos. La situación se complicó con el ascenso de Friedrich Merz como nuevo canciller.
El plan para financiar la defensa de Europa contempla que de los 800.000 millones de euros, 650.000 millones serían aportados por los Estados miembros, quienes recibirían un alivio en las restricciones del Pacto de Estabilidad. Solo una cantidad de 150.000 millones sería destinada directamente desde el presupuesto comunitario, además de prever créditos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y fortalecer las inversiones privadas a través de un mercado de capitales integrado.
La urgencia de actuar en apoyo a Ucrania ha provocado un giro significativo en la resistencia al endeudamiento común. De hecho, este cambio ha llegado más rápidamente que en ocasiones anteriores, con un periodo de espera de solo tres trimestres. La lógica económica es clara: los 27 Estados miembros no pueden permitir recortes sociales ni incrementar impuestos de forma individual sin generar malestar social. Así, la salida más viable parece ser el aumento de la deuda mutualizada.
En este sentido, se establece un nuevo precedente: con dos decisiones importantes, la historia de la política económica podría estar redefiniéndose.
