El Consejo de Ministros ha dado un paso significativo al aprobar en primera lectura el estatuto del becario, una normativa que llevaba casi dos años en el limbo. Este avance llega tras la presentación del acuerdo con los sindicatos en junio de 2023, aunque generó controversia al ser rechazado por varias asociaciones, incluidas las patronales y la conferencia de rectores. El Ministerio de Trabajo subraya que esta nueva propuesta respeta en gran medida el acuerdo logrado con las centrales sindicales, aunque su futuro en el Congreso parece incierto.
¿Qué propone el estatuto del becario?
Este anteproyecto de ley tiene el objetivo de aliviar la precariedad que enfrentan numerosos estudiantes en prácticas. Entre sus cambios más destacados están:
- Reducción de horas de prácticas: El máximo de horas para prácticas extracurriculares se limita a 480, evitando que se dilaten innecesariamente.
- Compensación por gastos: Las empresas o entidades públicas que acogen a los becarios deberán cubrir gastos de desplazamiento y manutención si no se percibe remuneración.
Medidas principales del estatuto
El nuevo estatuto busca regular la relación entre becarios y entidades acogedoras, destacando que esta no es una relación laboral per se. Según el texto:
- Presunción de relación laboral: Se considerará que hay relación laboral cuando las tareas del becario sustituyan las de un trabajador o cuando no haya una conexión directa con su formación.
- Convenios educativos: Las prácticas deben realizarse bajo un acuerdo con un centro formativo autorizado y ajustarse al contenido de un plan de formación.
- Derechos de los becarios: Se reconoce el derecho a descansos, vacaciones, y el acceso a servicios como comedor o aparcamiento, así como a una adecuada tutorización durante su experiencia.
Consecuencias de incumplimiento
Las entidades que no cumplan con las nuevas normativas se enfrentan a multas que pueden alcanzar hasta 225.018 euros.
¿Cuándo será debatido en el Congreso?
El anteproyecto regresa previsiblemente a la mesa del Consejo de Ministros en unos meses, donde se le realizarán los informes pertinentes antes de ser enviado al Congreso. En este punto, el texto se someterá a un proceso de enmiendas. Cabe recordar que la última norma presentada por el Ministerio de Trabajo sufrió un tropiezo en este mismo proceso debido a la oposición de Vox y el PP.
¿Qué probabilidades hay de que prospere?
Las posibilidades de que esta normativa avance en el Congreso son escasas, especialmente tras la reciente ruptura del pacto de investidura entre Junts y los socialistas. Antes de esa decisión, Junts ya había mostrado reticencia a la reducción de jornada, a pesar de su popularidad en las encuestas, lo que ha despertado incertidumbres entre los aliados del gobierno tras la presentación del acuerdo en junio.
Retrasos en su implementación
La demora en la llegada al Consejo de Ministros se debe a desavenencias entre el Ministerio de Trabajo y el sector socialista del Gobierno. Aunque la Moncloa clasificó el texto como “verde” y el Ministerio de Economía exigió más “trabajo técnico”, desde el departamento dirigido por Yolanda Díaz se aseguran que los cambios pendientes son de índole técnica y no afectan a los puntos fundamentales.
Apoyos y rechazos al proyecto
Los sindicatos CC OO y UGT han expresado su apoyo al anteproyecto, mientras que las organizaciones empresariales, como CEOE y Cepyme, se oponen. La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) considera que algunas medidas son positivas, pero manifiesta preocupación sobre la capacidad de las empresas para cubrir los gastos de los becarios, lo que podría repercutir financieramente en las universidades. La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas ha denunciado la falta de negociación y reclama al Ministerio que reabra el diálogo.
