Los ministerios de Función Pública y Hacienda enfrentan un reto significativo en las negociaciones salariales para los 3,5 millones de empleados públicos. Este lunes, no lograron obtener el respaldo conjunto de los sindicatos más influyentes del sector, como CC OO, UGT y CSIF, para su propuesta de un aumento del 11% en los sueldos entre 2025 y 2028. Las partes han acordado retomar las conversaciones el miércoles siguiente.
Un tope que complica las negociaciones
El principal obstáculo en estas negociaciones radica en la postura del Gobierno, que impone un incremento máximo acumulado del 4% para los años 2025 y 2026. Según Lucho Palazzo, secretario general del Área Pública de CC OO, esto limita la posibilidad de que las retribuciones se mantengan en línea con el aumento promedio de la inflación de este año. Para compensar la pérdida de poder adquisitivo, se requeriría un aumento retroactivo del 2,5% que dejaría solo un 1,5% para el año siguiente, lo que resultaría en una disminución del poder adquisitivo.
En este contexto, Isabel Araque, secretaria de Servicios Públicos de UGT, sugirió trasladar parte del incremento del 7% proyectado para 2027 y 2028 a 2026, pero esta propuesta fue rechazada por el Ejecutivo. No obstante, hay un punto positivo: se ha acordado que ninguna parte de la subida salarial dependerá de variables como el IPC o el PIB, lo que garantiza el aumento total del 11% al final del período.
La búsqueda de un acuerdo
CSIF, otro actor clave en estas negociaciones, ha expresado su deseo de extender las discusiones más allá de este lunes. Su postura es optimista, pues consideran que aún hay espacio para mejorar las condiciones. Aseguran haber logrado avances en temas como permisos, promoción interna y la eliminación de la tasa de reposición, lo que refleja una postura proactiva hacia la mejora de las condiciones laborales.
Por otro lado, la intención inicial del Gobierno era tener la aprobación de los sindicatos para implementar la subida de 2025 de forma retroactiva a partir del 1 de enero, con efectos en las nóminas de diciembre. Sin embargo, los sindicatos rechazaron la limitación del 4% y mantienen la imbatible necesidad de seguir negociando.
Una amenaza de huelga
En caso de no llegar a un acuerdo que considere aceptable, los sindicatos han advertido sobre la posibilidad de convocar una huelga general en el sector público para diciembre. El clima optimista evidenciado el viernes pasado no logró traducirse en un consenso claro, y la exigencia del Gobierno para que los sindicatos presentaran su posición este lunes solo complicó aún más la situación.
Así, el futuro de las negociaciones salariales para los empleados públicos sigue en el aire, con todos los actores involucrados buscando una solución que contemple las necesidades del sector sin comprometer la estabilidad económica. Las conversaciones del miércoles se presentan como una oportunidad crucial para dar un paso adelante hacia un acuerdo que satisfaga a todas las partes.
