La Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV) ha dado un paso importante en el proceso de selección del administrador concursal para Urbas, una compañía que solicitó concurso voluntario el pasado 8 de septiembre. El regulador ha fijado el 1 de diciembre como fecha límite para recibir candidaturas de profesionales interesados en participar en este proceso. Posteriormente, la CNMV elaborará una lista de candidatos que será enviada a un juez de lo mercantil en Madrid para su designación final.
La búsqueda del administrador se inició tras recibir el solicitó del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid el 13 de noviembre. Dado que Urbas está bajo supervisión, la ley concursal indica que el juez elegirá al profesional encargado de analizar la situación de la empresa entre los candidatos propuestos por la CNMV.
Dificultades Financieras de Urbas
La cotización de Urbas fue suspendida el 30 de abril, ya que sus cuentas para el ejercicio 2024 no contaban con un informe de auditoría correspondiente. La firma explicó que presentó los resultados de manera puntual, aunque sin la verificación obligatoria. Según los informes disponibles, el grupo reportó pérdidas de 137,14 millones de euros en ese año, principalmente debido a la reorganización de sus empresas de construcción.
Esta situación llevó a Urbas a iniciar, en mayo, conversaciones con sus acreedores para reestructurar su deuda. Para ello, contrataron a la firma de consultoría Alvarez & Marsal, especializada en reestructuraciones. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron y finalmente, la empresa se vio obligada a presentar su solicitud de concurso en septiembre, un proceso que ya ha comenzado su andadura.
Respaldos y Rechazos en la Reestructuración
La propuesta de reestructuración, que no incluía quitas de deuda, obtuvo el respaldo de 53 acreedores, quienes representaban el 25,7% del pasivo afectado y el 76,8% de la deuda nominal. Sin embargo, se encontró con la oposición de un acreedor crítico: el fondo de capital privado Roundshield Partners. Este fondo ha llevado su propio plan de reestructuración al juzgado, fundamentándose en una valoración realizada por FTI Consulting.
El conflicto con Roundshield ha escalado hasta los tribunales, ya que el fondo ha demandado a Urbas en la justicia británica, reclamando una deuda de hasta 189 millones de euros por el impago de un contrato de financiación firmado en 2020.
