En medio de una crisis habitacional aguda, Cataluña lanza un debate crucial que busca frenar la especulación inmobiliaria: la prohibición de comprar viviendas con fines especulativos. La idea es simple: solo se podrán adquirir propiedades si es para residir en ellas. Este enfoque pretende evitar que grandes empresas y fondos de inversión compren edificios y desalojen a inquilinos en su afán de maximizar beneficios. Los partidos Comunes, ERC y la CUP están presionando al PSC para que implemente esta medida, tanto en el Ayuntamiento de Barcelona como en la Generalitat.
### La regulación del alquiler de temporada
Este debate ocurre justo antes de que Cataluña regule el alquiler de temporada, y coincide con un estudio que respalda la viabilidad legal de esta iniciativa, considerándola «urgente y excepcional». El presidente Salvador Illa se comprometió a analizar este informe tras una solicitud de la CUP, señalando que se debe examinar cualquier medida que aborde la crisis de la vivienda tras una reunión con el Sindicato de Inquilinas.
En Barcelona, el grupo municipal de ERC mencionó el modelo de Ámsterdam, donde se limitan las compras de vivienda, lo que llevó a la redacción de un informe sobre esta cuestión. La semana pasada, durante un pleno, los Comunes lograron el respaldo del alcalde Jaume Collboni y de ERC para aprobar un documento que urge al Gobierno municipal a desarrollar herramientas urbanísticas para restringir compras especulativas en un plazo de seis meses. Además, han dejado clara su intención de hacer de esta regulación una condición para su apoyo a los presupuestos de 2026.
### Proposición de ley
Este martes, los Comunes presentaron una propuesta de ley que busca materializar la prohibición de la compra especulativa. La modificación a la Ley de Urbanismo permitirá a los municipios un marco para limitar adquisiciones en zonas de alta tensión, con algunas excepciones, como la compra para familiares directos o la posibilidad de adquirir una segunda residencia en otro municipio, así como edificios cuyos alquileres estén alineados con precios oficiales. Aunque la crisis de vivienda es un tema central para los Comunes, no han planteado esta medida como innegociable para el presupuesto de Illa.
Por su parte, ERC ha otorgado un lapso de tres meses al Gobierno para que evalúe el estudio y presente una solución seria, subrayando la necesidad de que la propuesta cuente con garantías jurídicas. No obstante, el Ejecutivo ha destacado que será complicado definir jurídicamente lo que constituye una compra especulativa.
### Estudio del PEMB
Un mes atrás, el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB) publicó un estudio que aboga por limitar las compras de propiedades solo a aquellas destinadas a ser residencias habituales. Este informe, respaldado por el jurista Pablo Feu, establece que el mercado inmobiliario actual no garantiza la prevención de la especulación definida en el artículo 47 de la Constitución, ni promueve la cohesión social o evita la dispersión, como dictan diversas regulaciones. Por ello, sugiere la regulación de las compras como una «medida urgente y excepcional».
La premisa del estudio destaca que, si el mercado inmobiliario está distorsionando el modelo de cohesión en las ciudades, se justifica la intervención. A nivel estatal, se podría implementar una ley específica que limite las compraventas en áreas de tensión, de manera similar a cómo la Ley de Vivienda regula los precios del alquiler. También se contempla la posibilidad de abordar esto mediante un Real Decreto Ley, actuando con rapidez y evitando largos procesos legislativos.
En el ámbito autonómico, las comunidades como Cataluña tienen competencias en urbanismo y vivienda, lo que permitiría crear legislación específica o desplegar leyes urbanísticas existentes. La ley urbanística catalana establece que cualquier desarrollo debe garantizar la cohesión social. Las ciudades, bajo legislación que apoya el cumplimiento de estas normativas, podrían regular a través de su planeamiento urbanístico.
Para finalizar, en Barcelona, la propuesta de modificación del Plan General de Urbanismo está en camino de ser aprobada, clasificando la vivienda como permanente. Según Janet Sanz, líder de los Comunes en el consistorio, esta base permitiría desarrollar planes especiales que vinculen las compras a condiciones específicas, asegurando que sean para residir, para familiares o permitidas si los alquileres son asequibles, sobre todo en áreas con un alto número de inversores o compras corporativas.
