España ha alzado la voz en Bruselas exigiendo soluciones concretas contra la especulación inmobiliaria. En una reunión clave del Consejo Europeo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propuso que la Unión Europea implemente “medidas legales” para limitar la compra de viviendas destinadas a fines no residenciales. Esta cumbre, marcada por la crisis de la vivienda, también abordó la creación de un fondo específico para promover la construcción de viviendas protegidas.
Desafiando el statu quo
La inclusión del tema de la vivienda en la agenda del Consejo Europeo es resultado del compromiso del presidente António Costa, quien se comprometió a tratar este asunto tras conversas con varios alcaldes de grandes ciudades, incluyendo a Jaume Collboni de Barcelona. En el encuentro, Costa reafirmó su intención de llevarlo nuevamente a discusión en 2026, asegurando así que se mantenga como un prioridad.
“Es fundamental que la crisis de la vivienda sea reconocida a nivel europeo”, señaló Sánchez al inicio de la reunión, destacando un problema que afecta a todos los ciudadanos europeos, desde jóvenes hasta adultos: la dificultad de acceder a una vivienda digna.
Cifras que hablan
Los datos son alarmantes: entre 2015 y 2025, el precio de la vivienda en la Unión Europea ha aumentado un 60,5%, siendo España uno de los países más afectados, con un incremento del 72%. Para ponerlo en perspectiva, Francia ha visto un aumento del 26,6%, Italia un 13,3% y Alemania un 51,3%, según un informe del Consejo Europeo.
Esta situación crítica fue uno de los puntos destacados en la reunión, donde Costa hizo hincapié en la necesidad de que las instituciones europeas actúen de forma efectiva para abordar los problemas que afectan a sus ciudadanos. Durante el evento, también se discutieron las próximas iniciativas de vivienda asequible que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, planea presentar.
El compromiso de la UE y la búsqueda de soluciones
Aunque la UE no cuenta con grandes competencias en políticas de vivienda, Von der Leyen ha tomado la iniciativa de nombrar a un comisario de vivienda, Dan Jørgensen, como parte de su plan para abordar esta crisis. La estrategia contempla regular los alquileres a corto plazo, especialmente aquellos ofertados en plataformas como Airbnb, cuestión que fue reflejada en las demandas del Consejo Europeo para establecer un plan ambicioso sobre vivienda asequible.
Además, la UE ha decidido recurrir al Banco Europeo de Inversiones, presidido por la española Nadia Calviño, para impulsar un plan de financiación. Este fondo, que destinará 10.000 millones de euros en los próximos dos años, está diseñado para facilitar la construcción de 1,5 millones de viviendas asequibles.
Una propuesta ambiciosa
Las propuestas de Sánchez incluyen restricciones a nivel europeo para prevenir que viviendas sean adquiridas con fines no residenciales, un paso más allá de las acciones actuales del Ejecutivo comunitario. Esta regulación no solo impactaría en el mercado de viviendas turísticas, sino también en aquellos fondos que ven la compra de inmuebles como una inversión.
En Bruselas, el debate sobre la vivienda no se limitó a Sánchez. Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición española, también comentó sobre la situación. Feijóo recordó el papel del Partido Popular en la creación, por primera vez, de una Comisión de Vivienda en el Parlamento Europeo, un órgano que ya ha comenzado su labor, centrándose en soluciones que incluyen el fomento de la construcción de más viviendas mediante iniciativas privadas.
A medida que las conversaciones avanzan, la crisis de la vivienda sigue demandando atención y solución, tanto a nivel nacional como europeo.
