La moción, resultado de una reciente interpelación a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha generado un profundo desacuerdo entre los grupos que conforman el Gobierno. Mientras que Sumar mostró su apoyo a la iniciativa, el PSOE decidió oponerse. Otros partidos como Esquerra, Bildu y el BNG se unieron a la causa, pero socios de investidura como Junts, PNV y CC, así como el PP, Vox y UPN, se manifestaron en contra.
La intención de Podemos era lograr que el Congreso instara al Gobierno a implementar un «embargo integral de armas a Israel» a través de un real decreto, en lugar de un decreto-ley. Esto implicaría una prohibición completa de la importación y exportación de armamento, sin excepciones, algo que el decreto-ley aprobado este miércoles no contempla.
Además, los morados pedían que se prohibiera la compra de armamento a empresas españolas o europeas afiliadas a empresas israelíes. En su propuesta, se requería también que se vetara la participación en concursos públicos de aquellas compañías que contribuyeran al sustento de la economía israelí y, en sus palabras, al «negocio del genocidio».
Podemos planteó la creación de un registro público de estas empresas, señalando especialmente a la vasca Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), acusada de colaborar en la expansión de asentamientos. Asimismo, solicitaban una inspección activa de todos los barcos que tengan a Israel como origen o destino. Si se identificara material de defensa o de doble uso, se debería retener la carga.
En su propuesta, la formación también abogaba por incluir actividades de transbordo o corretaje de material de defensa a través de puertos españoles para buques con destino a Israel. Destacaron las bases norteamericanas de Rota y Morón, que actualmente no quedan bajo el alcance del embargo.
Podemos argumentaba que el embargo debería incluir la prohibición de contratar cualquier servicio relacionado con empresas de armamento israelíes y sus filiales en Europa, incluyendo mantenimiento y formación de Fuerzas Armadas. Además, exigían la ruptura inmediata de relaciones diplomáticas, militares, comerciales y culturales con Israel, así como la expulsión de sus selecciones de competiciones internacionales en las que España participe, amenazando con la retirada de la representación española si no se tomaban acciones.
El rechazo de esta moción resalta las profundas divisiones dentro del Congreso sobre la postura de España respecto a Israel y plantea interrogantes sobre el futuro de las relaciones exteriores en este contexto.
