La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha actualizado su propuesta de tasa para las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica, elevándola al 6,58%. Esto representa un ligero incremento respecto al 6,46% que se había propuesto en julio, aunque sigue estando por debajo del 7% que el sector exige para garantizar una retribución financiera adecuada a su labor con las redes eléctricas.
¿Qué implica este cambio de tasa?
El ajuste en la tasa de retribución financiera afecta directamente la compensación que recibirán las empresas encargadas del transporte y distribución eléctrica. A su vez, este cambio repercute en los costes regulados que asumen los consumidores, pues estas tarifas se traducen en un coste fijo en los peajes de la electricidad.
Para apreciar el impacto económico, se han considerado dos escenarios distintos:
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Escenario Conservador:
- Inversiones anuales similares al promedio de 2018-2023, estimando 2.933 millones de euros en transporte y 9.961 millones en distribución para el periodo 2026-2031.
- En este contexto, con una base regulatoria de activos de 8.083 millones de euros para transporte y 25.669 millones para distribución, el ajuste al 6,58% aumentaría un 5% la retribución total y un 0,9% los costes anuales del sistema eléctrico.
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Escenario Optimista:
- Promedio de inversiones anuales de 4.886 millones de euros entre 2018 y 2023, proyectando 9.524 millones para transporte y 19.794 millones para distribución en el periodo 2026-2031.
- En este caso, el incremento de la tasa significaría un aumento del 6,1% en la retribución total de ambas actividades y un 1,1% en los costes anuales.
Impacto en la operación del sistema eléctrico
El ajuste en la tasa de retribución financiera, que ha pasado del 5,58% al 6,58%, implicará un incremento anual cercano a 0,27 millones de euros, lo que representa aproximadamente un 0,33% de la retribución del sistema. Por su parte, la CNMC no ha podido determinar el impacto económico en el sector gasista.
Metodología actualizada
La CNMC ha revisado su metodología de cálculo de la tasa de retribución financiera tras una profunda evaluación de su adecuación al contexto económico actual. Entre las principales modificaciones, destaca el cambio en el cálculo del coste de la deuda, adoptando un enfoque que combina datos históricos y proyecciones futuras. Este enfoque mixto es esencial para ofrecer estimaciones más precisas sobre las condiciones de financiación del tercer período regulatorio.
Asimismo, se han añadido costes adicionales, como los de transacción, y se ha ajustado el efecto de los programas de deuda del Banco Central Europeo sobre la rentabilidad de los bonos del Estado, logrando así una evaluación más realista de la tasa libre de riesgo.
Este avance por parte del regulador se produce en un contexto en el que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha comenzado la fase de audiencia pública para desarrollar un plan de fortalecimiento de la red de transporte de energía eléctrica con vistas al 2030. Este proyecto contempla inversiones por valor de aproximadamente 13.600 millones de euros hasta el final de la década, diseñando así un futuro más robusto para las infraestructuras eléctricas del país.
