Recuperar la habilidad de comunicarse tras haberla perdido por una enfermedad degenerante. Apagar o encender objetos con la psique. Escribir en el PC con solo pensarlo e, aun, descifrar el subconsciente. Parece ciencia ficción, mas son realidades con las que el género humano ya convive desde hace múltiples años merced a los implantes cerebrales. Científicos, representantes de gobiernos y altos mandos de las Naciones Unidas (ONU) se han reunido este jueves en París para abordar los inconvenientes éticos derivados de estos avances de la neurotecnología (la rama de la ingeniería a la que corresponden), e procurar hacer una plan de actuación para regular su uso lo antes posible posible.

“El interés de la Unesco es construir la base de un entendimiento sobre los retos de la neurotecnología desde una perspectiva ética”, asegura Gabriela Ramos, subdirectora general de Ciencias Sociales y Humanas de la Unesco, el ente que ha organizado la sesión. El discute más grande de todos, conforme los especialistas que han intervenido durante la jornada, es la dicotomía entre desarrollo y el respeto a los derechos humanos. Así, se busca asegurar que se respeten la libertad de pensamiento y la privacidad festejar sin frenar la investigación científica que tanto puede favorecer a la humanidad.

“Lo que parecía al comienzo de la ciencia ficción ya ha llegado. Si no actuamos rápido pasará lo mismo que con Internet, las redes sociales o la inteligencia artificial, que se nos escaparon de control”, explica el neurocientifico de España Rafael Yuste, catedrático de la Universidad de Columbia (EE UU). Además de ser especialista en el momento de descifrar todos y cada uno de los secretos del cerebro, Yuste asimismo es vanguardista tratándose de resguardar los derechos humanos comprometidos por esta tecnología. En dos mil diecisiete, años ya antes de lograr manipular el comportamiento de unos ratones interviniendo de manera directa en sus cerebros, el de España creó una fundación de neuroderechos (The Neurorights Fundation) para fomentar 5 principios fundamentales: privacidad mental, identidad personal, libre arbitrio, acceso equitativo a tecnologías de mejora y protección de los cortes.

El peligro, explica Yuste, es que exactamente las mismas herramientas que en medicina pueden asistir a prosperar la vida de las personas, terminen vulnerando la información que guarda el cerebro. “A pesar de que la hoja de ruta es benéfica, estas tecnologías son neutras y se pueden usar para bien o para mal”, asevera. Ya no se trataría únicamente de datos e informaciones personales como la dirección de casa, los hábitos de adquirir o qué partidos se prosiguen en las redes sociales, sino más bien asimismo algo tan íntimo como los recuerdos y pensamientos, y en un futuro no muy distante aun el subconsciente. “Pasa lo mismo que pasa con los idiomas extranjeros, en un primer momento es más fácil leerlos que hablarlos. A la lectura del cerebro ya llegamos hace tiempo, faltan unos cinco o 10 años hasta que seamos capaces también de manipularlo”, agrega Yuste.

Regular para resguardar los neuroderechos

Chile se transformó en la vanguardia de los neuroderechos en el planeta en dos mil veintiuno, tras introducir una enmienda para resguardar la actividad cerebral en su constitución. La reforma, que fue votada unánimemente, reconoce la necesidad de realizar cualquier género de desarrollo científico y tecnológico “con respeto a la vida y la integridad física y psíquica de las personas”. Por otro lado, el Congreso chileno prosigue trabajando en un proyecto de ley que recoja los neuroderechos conforme a los avances del Grupo Morningside; ordenado por Yuste y compuesto por veinticinco especialistas internacionales en neurociencia, derecho y moral.

“Entendemos que la regulación de estas tecnologías no puede fundamentarse en el miedo al desarrollo tecnológico, sino en un compromiso inquebrantable con los derechos humanos. Y que es una tarea compleja porque la legislación tiene que dejar suficiente espacio para la innovación”, ha recordado en París la subsecretaria de Ciencia y Tecnología del gobierno chileno, Carolina Gainza. “Por esto es importante impulsar una discusión formada por la evidencia y conciencia ética. Tener la mente abierta para poder imaginar nuevas posibilidades que hasta ahora no hemos ni siquiera imaginado”.

Gabriela Ramos, que últimamente ha moderado el discute entre los primordiales actores internacionales en este campo, reconoce que el modelo chileno funciona; ya que una parte de un término muy básico: la idea de que la información neuronal no se debe comercializar. “Si tenemos un marco regulatorio sólido, transparencia y rendición de cuentas, no hay motivos para tenerle miedo a esta revolución”, explica la subdirectora de la Unesco.

Actualmente, el conjunto de Yuste trabaja en Brasil, el segundo país que ha optado por introducir una enmienda constitucional semejante a la chilena y que se votará en los próximos meses en el Senado. España, por su lado, publicó una Carta de Derechos Digitales, el primer documento de esta clase en Europa, que vio la luz tras más de un año de trabajo. De este proyecto participaron múltiples especialistas, ordenados por la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas. “Hay dos aspectos que más me preocupan en este campo. Primero, creo que es importante que no cometamos el mismo error que con la inteligencia artificial, cuando nos dejamos guiar por la industria en lugar que por el mundo académico”, ha reconocido la secretaria a lo largo de su intervención. “En segundo lugar, se debe facilitar la accesibilidad a los beneficios potenciales de estas investigaciones, para que todos puedan aprovechar estos avances cuando se trata de salud”, agrega.

El documento de España, que carece de valor legal, plantea ciertas bases iniciales que guiarán las futuras políticas tecnológicas. “Las directrices están bien para empezar a hablar del asunto, y hay muchos países y organizaciones internacionales que lo están haciendo. Sin embargo, no resuelven el problema. Lo que hay que hacer es meterle mano de verdad y cambiar la constitución para proteger la ciudadanía”, opina Yuste.

Gabriela Ramos, subdirectora general de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO, a lo largo de la conferencia en París.UNESCO/Christelle ALIX

Un mercado en manos privadas

De hecho, el fuerte componente de inversión privada en esta clase de tecnología es uno de los factores que más preocupa a los especialistas. Un análisis de mercado de la fundación de neuroderechos de Yuste ha calculado que hay más de treinta y tres millones de dólares americanos invertidos en proyectos privados de neurotecnología, una cantidad descomunal si se equipara con los escasos diez millones que están puestos en todos y cada uno de los proyectos públicos de investigación del cerebro en el planeta.

Un papel esencial en este campo lo ejercita Milena Costas, que lidera el conjunto de derechos humanos de la ONU. Junto a su equipo, trabaja en una investigación sobre el impacto, las ocasiones y los retos de la neurotecnología, a partir de un cuestionario que se está proveyendo a múltiples gobiernos y organizaciones internacionales. “Las oportunidades son infinitas. Sobre todo en el ámbito médico, cuando hablamos de las aplicaciones para hacer diagnósticos y determinar tratamientos para enfermedades neurológicas”, explica Costa. “Lo que puede ser más problemático es la rápida comercialización de estas tecnologías que ya se encuentran disponibles en el mercado”.

El escenario es aun más inquietante si se observan los resultados de otro estudio que Yuste ha presentado este jueves a lo largo de la conferencia de la Unesco y que se publicará en el mes de septiembre. Tras examinar los contratos con el consumidor de las veinticuatro empresas más esenciales de neurotecnología en el planeta —la mayoría de las que se hallan en Estados Unidos y Canadá— han podido contrastar que todas las compañías, sin salvedad, toman el control de todos y cada uno de los datos neuronales del usuario. “No solamente los tienen, sino que pueden hacer lo que quieran con ellos. Los pueden destruir, decodificar, vender. Y la mitad de las empresas hace pagar a los usuarios para consultar sus propios datos celebrarles”, asevera Yuste, que no ha querido avanzar el nombre de estas compañías.

Con estos supuestos, Costa insiste en la necesidad de regular esta tecnología pensando ante todo en los derechos de los colectivos más frágiles, como los pequeños, las personas con discapacidades y los mayores. “Nunca hay que olvidar que, a pesar de que los avances puedan ser ventajosos, no se pueden aceptar sin más; sacrificando la privacidad mental o la libertad de pensamiento. Intentar definir de una manera más precisa las líneas rojas no es una forma de limitar el crecimiento de esta tecnología, sino un apoyo para que esta se desarrolle de la forma más útil para la humanidad”, asevera la especialista.