Identificación en redes sociales

Tras el trágico asesinato de un niño de 11 años en Mocejón, Toledo, una ola de bulos racistas se propagó rápidamente en las redes sociales. Este suceso ha reavivado el debate sobre cómo controlar la difusión de contenido tóxico en línea y si debería ser obligatorio identificarse para utilizar una red social.

El fiscal de Delitos de Odio, Miguel Ángel Aguilar, señaló en una entrevista en la Cadena SER la importancia de poder identificar a los autores de delitos cometidos en redes sociales para que la investigación pueda avanzar.

Ante esto, surge la pregunta: ¿qué medidas existen actualmente para perseguir presuntos delitos en el entorno digital?

Persecución de delitos en línea

Las redes sociales no son un espacio neutral, y delitos como la incitación al odio o la difusión de contenido pedófilo pueden ser perseguidos. Los jueces pueden solicitar a las plataformas los datos asociados a la cuenta desde la que se cometió el delito, incluso si el usuario no proporcionó su identidad al crear la cuenta.

Sin embargo, las investigaciones pueden encontrarse con obstáculos, como la falta de colaboración de las plataformas con la justicia o la demora en la respuesta. Expertos señalan que las empresas estadounidenses suelen ser lentas en este proceso, salvo en casos mediáticos.

Responsabilidad de las plataformas

Las redes sociales tienen normas internas sobre qué contenidos permiten y cuáles eliminan. A pesar de ser estrictas con ciertos temas, como la pornografía infantil, la aplicación de estas normas puede variar. La dificultad de distinguir entre contenidos odiosos y aquellos que incitan al odio supone un reto para las plataformas.

La Ley de Servicios Digitales busca establecer criterios claros para determinar qué contenidos son aceptables, promoviendo la colaboración entre las plataformas y las autoridades.

¿Es necesario el DNI de los usuarios?

Aunque no es obligatorio proporcionar el DNI para usar redes sociales, herramientas como el protocolo europeo eIDAS2 pueden facilitar la identificación de posibles delincuentes. Este protocolo permitirá a las autoridades acceder a información de los usuarios en línea de forma regulada y autorizada por el usuario.

El sistema garantiza la privacidad de los datos del usuario, salvo en casos en los que un juez solicite información específica. Esta medida, conocida como «seudonimato reforzado», busca mantener el anonimato del usuario mientras se evita la impunidad en casos delictivos.