EE UU se dispone a restaurar la neutralidad en la Red y regular internet como servicio esencial | Tecnología

La discutida neutralidad en la Red llama nuevamente a la puerta en Estados Unidos. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus iniciales en inglés) ha aprobado este jueves una propuesta para restituir lo que llama la protección de una internet abierta a los usuarios y las compañías. La neutralidad en la Red impide a los operadores de banda ancha fija y móvil bloquear contenidos o discriminar en la velocidad de acceso a exactamente los mismos. La FCC asimismo plantea regular el conexión a internet como un servicio esencial de telecomunicaciones sujeto a supervisión y regulación más rigurosa en una normativa que rechazan las operadoras.

La FCC acorazó el principio de neutralidad en la Red en dos mil quince, a lo largo de la presidencia de Barack Obama. Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y el dominio republicano del consejo de la FCC, el regulador decidió suprimirla en dos mil diecisiete. Los peores augurios que se elaboraron entonces sobre una internet discriminatoria para ricos y para pobres, o aun sobre el fin de internet tal como se conocía, jamás se cumplieron. Ya hubo entonces especialistas que apuntaron con esos vaticinios pesimistas eran algo exagerados.

En realidad, para los usuarios ya hay diferentes tarifas de acceso en función de velocidad de descarga, límite de datos y otros factores. Lo que plantea el término de la neutralidad en la Red es si los distribuidores de banda anda pueden discriminar los contenidos de plataformas como Netflix o Youtube o demandarles el pago a cambio de un acceso de calidad a sus contenidos, que consumen una gran parte de la capacidad de la red. Es una batalla tradicional de las operadoras, que se quejan de tener que acometer las inversiones en red de las que se aprovechan esos servicios de transmisión libre (conocidos como OTT, over the top). En la práctica, para el usuario de a pie, no se ha apreciado cambio alguno desde el instante en que se cambió la regulación hace 6 años. Las operadoras no podían exponerse a discriminar a esos contenidos sin vulnerar las leyes de competencia.

La propuesta de restaurar el principio de neutralidad en la Red se ha aprobado en el consejo de la FCC por 3 votos a dos, con apoyo demócrata y oposición republicana. La presidente de la FCC, Jessica Rosenworcel, nombrada por el presidente Joe Biden, defendió hace unas semanas en un alegato en Washington que la pandemia dejó clarísimo que la banda ancha no es un lujo, sino más bien una necesidad y que, bajo su punto de vista, precisa una regulación y supervisión más rigurosa. “Es una infraestructura esencial para la vida moderna. Sin ella, nadie tiene posibilidades de triunfar en el siglo XXI. Necesitamos que la banda ancha llegue al 100% de nosotros, y la necesitamos rápida, abierta y justa”, afirmó.

“El acceso a Internet es ahora el acceso a todo”, prosiguió. “Y el sentido común nos dice que el principal organismo de control de las comunicaciones del país debe tener la fuerza necesaria para proteger a los consumidores y garantizar que su acceso a Internet sea rápido, abierto y justo. (…) La pandemia de la covid nos ha enseñado, con dolorosa claridad, lo importante que es el acceso a la banda ancha en la vida moderna”, arguyó.

En cambio, los republicanos critican la propuesta como “una solución en busca de un problema”. El secretario general de la FCC, Brendan Barr, nombrado por los republicanos, ha sido muy crítico con la propuesta, que define como “el plan del presidente Biden para aumentar el control gubernamental de internet”. “Cuando mis colegas de la FCC y yo votamos en 2017 para revocar el fallido experimento de dos años de la Administración Obama, activistas y políticos por igual garantizaron al público estadounidense que internet se rompería literalmente. Predijeron que los precios de la banda ancha se dispararían, que te cobrarían por cada sitio web que quisieras visitar y que la propia Internet se ralentizaría. ¿Se cumplió alguna de esas predicciones? Por supuesto que no”, ha señalado por medio de un comunicado.

Barr arguye que desde la resolución de la FCC de dos mil diecisiete, las velocidades de banda ancha en Estados Unidos han aumentado, los costos han bajado, la competencia se ha acentuado, las nuevas inversiones en banda ancha han batido récords y se ha cerrado la brecha digital. “Internet no está roto y la FCC no necesita [la nueva regulación] para arreglarlo”, concluye.

La propuesta de ciento veintinueve páginas sometida a consulta pública pretende, conforme la FCC, restituir unas reglas de internet abiertas, claras y de campo nacional que impidan bloquear contenidos legales a los distribuidores de servicios de internet, asfixiar velocidades y crear carriles veloces que favorezcan a quienes puedan abonar por el acceso. Pero no solo consagra el principio de neutralidad en la Red, sino somete a la regulación y supervisión de la FCC la actuación de las operadoras en el mercado de banda ancha. Solicita comentarios sobre la clasificación del servicio de internet de banda ancha fijo y móvil como servicio esencial de “telecomunicaciones” en razón del Título II de la Ley de Comunicaciones.

La FCC mantiene que sin la autoridad del Título II, ninguna agencia federal puede inspeccionar o asistir de forma eficaz con los cortes de banda ancha que conminan la utilización, la educación, la salud y la seguridad. “Mientras que la FCC puede ocuparse de los cortes del servicio telefónico tras desastres naturales y trabajar para garantizar la resistencia de esas redes antes de que se produzcan, carece de autoridad sobre las redes de banda ancha, lo que puede dejar a comunidades de todo el país sin recursos cuando falle el servicio de internet que necesitan para estos fines críticos”, arguye.

Para intentar eludir las acusaciones de intervencionismo excesivo, la FCC plantea abstenerse de aplicar veintiseis disposiciones del Título II y más de setecientos reglas de la Comisión, lo que, entre otras muchas cosas, prohibiría a la FCC aplicar políticas como la regulación de tarifas y la desagregación de redes.

Las empresas no se fían. “En la actualidad, el libre mercado determina el precio que los operadores de acceso a internet cobran por el servicio. Pero según las normas propuestas, la FCC tendría poder para determinar si las tarifas son ‘justas y razonables’ y exigir a las empresas que modifiquen los precios. No puede haber una descripción más clara de la regulación de tarifas”, ha señalado en un comunicado Michael Powell, presidente de NCTA, una asociación que reúne a grandes operadoras como Comcast y Charter.

Powell califica la propuesta como “el marco de mando y control más radical jamás impuesto a las redes de banda ancha” y asegura que supone un cambio monumental en la manera en que se regulará internet y afectará drásticamente a su funcionamiento en el futuro. “Hoy, una empresa puede entrar libremente en el mercado para ofrecer un servicio competitivo. Pero a partir de ahora necesitará el permiso de la FCC para entrar y ampliar su territorio de servicio e incluso necesitará permiso para salir del mercado. Esto convierte a la FCC en el árbitro de la expansión de la banda ancha, la innovación y la competencia en el mercado”, arguye.