A apenas un par de días de que los españoles sean llamados a las urnas para decidir el Ejecutivo que regirá a lo largo de los próximos años, el Gobierno actual se ha apurado a finalizar uno de los temas que llevaban coleando desde hace meses: la certificación de las startups que se van a poder adherir a la conocida Ley de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes.
Hoy, último día de la campaña electoral, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha recogido la orden que regula los criterios para la definición de una start-up elaborados por la Empresa Nacional de Innovación (Enisa) y que, conforme el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, pretende llegar a diez firmas, lo que va a tener un impacto sobre ciento cincuenta puestos.
El Ejecutivo ha explicado por medio de una nota de prensa que Enisa ha recibido alrededor de dos mil consultas de compañías interesadas en este proceso con la meta de optar a las ventajas fiscales que recoge la legislación relativa a las start-ups.
El ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, resalta que con esta orden se empieza “un nuevo tiempo de modernización y de grandes oportunidades no solo para el crecimiento económico, sino también para el mercado de trabajo. La certificación de una startup en España, primer país europeo que contará con un sistema de emisión de certificados, otorgará amplia seguridad jurídica al sector de las empresas emergentes en España, favoreciendo que cada vez más grandes fondos quieran invertir aquí”.
Por su parte, el CEO de Enisa, José Bayón, coincide con esos puntos y agrega –en entrevista con D+I – EL ESPAÑOL- que esta orden ministerial “es uno de los aspectos más importantes a efectos prácticos de la Ley de Startups, que permitirá acceder a sus ventajas a emprendedores e inversores”.
Destaca Bayón la dificultad de realizar esta regla, con la implicación de 7 de los catorce ministerios originariamente implicados en el desarrollo de la ley, aparte del Consejo de Estado. “Es un trámite que llevaba su tiempo y, si comparamos estos siete meses con los dos años que tardó en salir el sello de Pyme Innovadora, es algo de lo que estar orgullosos”, señala a este medio.
Qué se comprende por ‘startup’
En específico, en el BOE se precisa que se comprenderá cumplido el requisito de carácter de emprendimiento renovador si la compañía que lo pida cumple solo una de las 6 disposiciones que se recogen. Entre , que los gastos en I+D+I tecnológica representen, al menos, un quince% con respecto a los totales de la empresa a lo largo de los dos ejercicios precedentes o en el de manera inmediata precedente cuando sean firmas de menos de un par de años.
También, que la compañía haya sido adjudicataria de inversión, financiación o ayuda pública de cara al desarrollo de proyectos de I+D+I en los últimos 3 años; que disponga de un informe emitido por el Ministerio de Ciencia e Innovación en el que se acredite su carácter innovador; o que acredite gozar de bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social por tener contratado personal estudioso.
Por último, que la compañía disponga de un Sello Pyme Innovadora o de la Certificación de Joven Empresa Innovadora o de Pequeña o microempresa Innovadora, las dos emitidas por AENOR, entre otras muchas.
Más allí de estos criterios, la ley asimismo apostilla que van a poder acogerse a ella las start-ups que tengan su sede social y a más de la mitad del empleo en España, cuenten con menos de 5 años de existencia (extensible a 7 en el caso de compañías dedicadas a la biotecnología o la industria, que acostumbran a presentar plazos de madurez más lentos) y no ser una firma cotizada ni haber repartido dividendos. Además, su facturación había de ser inferior a los 5 millones de euros.
90 peticiones en 4 horas
En las primeras 4 horas desde la entrada en vigor de estos criterios, Enisa ya ha recibido noventa y dos peticiones de start-ups que han empezado su certificación. “Antes ya habíamos tanteado al ecosistema y habíamos recibido 1.900 muestras de interés. Contamos con que todas ellas vayan accediendo al sistema, y muchas más”, agrega José Bayón.
El consejero encargado de la entidad pública asevera a D+I – EL ESPAÑOL estar “en condiciones” para contestar a la demanda, con más personal (un cincuenta% más al terminar el año), sistemas informáticos diseñados para esta ocasión y un cincuenta% más de presupuesto con el que poder atender sin inconvenientes a todos y cada uno de los emprendedores interesados en percibir esta certificación.
“Es un momento extraño por el verano, pero que haya podido salir ahora se debe a un empujón final del Gobierno para que viera la luz, un gesto con el que queda patente la importancia del emprendimiento y la innovación para este Ejecutivo”, concluye Bayón.
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