El juicio por alzamiento de bienes contra la extenista Arantxa Sánchez Vicario y su exmarido, Josep Santacana, ha comenzado. Se les acusa de ocultar o descapitalizar su patrimonio con el fin de no pagar una deuda millonaria con el Banco de Luxemburgo que la deportista contrajo para solucionar sus problemas con Hacienda. El caso ha causado una enorme expectación, sobre todo por las declaraciones que ha hecho en la primera sesión del juicio que ha arrancado este martes, 12 de septiembre. “Yo quería pagar, pero él me dijo que no, que mejor que pagarle al banco era que tuviéramos nosotros el dinero. Me fie de él. Me arrepiento”, dijo entre lágrimas durante la primera sesión, que se celebra en la Ciudad de la Justicia de Barcelona.
La Fiscalía pide una pena de cuatro años de prisión contra la jugadora y su exmarido por un supuesto delito de alzamiento de bienes. Las maniobras financieras que, según la fiscal, utilizaron el entonces matrimonio para eludir el pago de la deuda con el banco pueden llevar a la exitosa tenista a la cárcel.
El principal argumento de la defensa de Sánchez Vicario es que ella simplemente se limitó a hacer lo que le decía su cónyuge. También ha reconocido los hechos y se ha mostrado arrepentida. Por su parte, Santacana niega los hechos y está previsto que declare el viernes.
Pero ¿cuáles son las consecuencias de estas declaraciones? ¿Le servirán para reducir la pena? Estas son algunas preguntas y respuestas sobre el caso.
¿De qué se acusa a Arantxa Sánchez Vicario?
La triple ganadora de Roland Garros está acusada de alzamiento de bienes. La Fiscalía les acusa a ella y a su exmarido de idear un plan para descapitalizar su patrimonio y evitar el pago de una deuda al banco.
Tal como señala Rocío Fernández, socia y responsable del área de litigación y compliance penal de DIKEI Abogados, la conducta delictiva comprende el alzamiento de los bienes en perjuicio de los acreedores y castiga al que, con este fin, realice cualquier acto de disposición patrimonial o genere obligaciones que dilaten, dificulten o impidan un embargo o procedimiento ejecutivo.
También persigue a quien realice actos de disposición o contraiga obligaciones que disminuyan su patrimonio o lo oculte por cualquier medio con la finalidad de eludir el pago de responsabilidades civiles derivadas de un delito del que deba responder.
¿Cuáles son las penas por el delito por alzamiento de bienes?
Las penas del alzamiento de bienes van de uno a cuatro años de prisión y multa de 12 a 24 meses, en su modalidad básica. Además, el juez puede imponer una multa cuyo importe se concretará en la sentencia, teniendo en cuenta la capacidad económica de la persona condenada y de las peticiones de pago que plantee la acusación.
Si la deuda que se pretende esquivar se tiene con Hacienda, la Seguridad Social o con cualquier entidad pública, se trataría de una agravante, y la pena podría incrementarse hasta los seis años de prisión.
Dentro de los márgenes que establece la ley para este tipo de delitos, se impondrá la pena más elevada si el importe defraudado supera los 50.000 euros, si se detecta alguna situación de abuso en las relaciones personales entre la víctima y el defraudador o si la persona condenada se ha aprovechado de la credibilidad empresarial o profesional de la víctima.
¿Se puede rebajar la pena a Arantxa si se demuestra que ha seguido los consejos de su marido?
La abogada Rocío Fernández ve difícil esta línea de defensa. «Desde mi punto de vista, es una versión exculpatoria que debe acreditarse con la prueba practicada en el juicio, pero a priori, complicada. Tendría que acreditarse que ella era totalmente ajena, y no es así, porque lo que ha reconocido es que era consciente de que tenía una deuda y que se dejó aconsejar por su exmarido respecto a su impago», explica la letrada
La experta sostiene que este argumento demostraría que sí tenía parte de conocimiento respecto de sus obligaciones con el banco. De ahí se puede deducir que sí pudo conocer también que dichos compromisos con la entidad no se estaban atendiendo.
La clave estará, señala la abogada, en la prueba que se practique en el juicio para determinar el grado de conocimiento y consentimiento de la tenista.
¿Qué atenuantes se podrían aplicar?
La situación de Arantxa no es sencilla. Pero en caso de que finalmente se le condene, le podría beneficiar que el tribunal aprecie algún atenuante, lo que podría repercutir en una rebaja de la pena.
Algunos de estos atenuantes podrían ser el reconocimiento de los hechos y la colaboración que pueda prestar en la investigación para su esclarecimiento. Otros atenuantes que podrían aplicarse a su favor son el arrepentimiento y la reparación del daño, si efectivamente se acredita que está intentando pagar la deuda. Si se aprecian varios de ellos, la condena podría quedar por debajo de los dos años de prisión, con lo que se abre la puerta una suspensión de la pena.
¿Qué relevancia tienen los medios empleados para cometer el delito?
La Fiscalía acusa también a la pareja de haber ideado un plan para frustrar el cobro de la deuda millonaria con el banco y utilizar a testaferros y personas de confianza para concretarlo, ¿esto supondría un aumento de pena?
Según la abogada, esto no se produciría. «La sofisticación en los medios utilizados para la elusión del cumplimiento de las obligaciones de pago no está contemplada expresamente», señala la experta, que recuerda que el delito de alzamiento de bienes se produce cuando el deudor sabe que tiene que abonar una deuda, pero opta por ocultar sus bienes para aparentar una situación de insolvencia y no pagarla.
Lo que sí incrementaría la pena es el importe de la deuda que se ha intentado no pagar: el umbral es a partir de los 50 mil euros.
¿Podría ir a la cárcel Arantxa Sánchez Vicario?
Con la ley en la mano, la tenista iría a la cárcel si es condenada a una pena de más de dos años de prisión. Ahora bien, si la pena no supera los dos años de prisión, las leyes españolas permiten que el tribunal, excepcionalmente, pueda suspender la ejecución de la pena.
Para tomar esta decisión, valorará circunstancias como la gravedad del delito, la situación de la tenista, sus antecedentes y la probabilidad de que se convierta en reincidente. Las circunstancias familiares y el esfuerzo por reparar el daño (tiene que pagar lo que debía en un tiempo prudencial, según su capacidad económica) son otros factores que se estudian para decidir sobre la suspensión.
