Este viernes por la mañana, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, repitió en múltiples ocasiones que el Gobierno “tiene sus poderes intactos, no está en funciones”, al ser preguntado sobre las posibilidades de que el Ministerio de Trabajo saque adelante el estatuto del becario, la primordial regla en negociación con sindicatos y patronal que el departamento no ha logrado cerrar en esta legislatura, en el tiempo de descuento tras la convocatoria electoral de julio. En torno a una hora después, su jefe, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, insistió en exactamente el mismo mensaje: “España no se para porque haya elecciones y el Gobierno de España tiene que gobernar. Yo sigo con mi agenda pública porque me debo a mi país. Le pediría a los agentes sociales exactamente lo mismo”. Fuentes sindicales apuntan que en los últimos días se ha producido una intensificación en las conversaciones y que el ministerio “prioriza” pactar esta regla lo antes posible, cuyo objetivo principal es poner límites a las prácticas extracurriculares para eludir el abuso de falsos becarios. Todo apunta a que si hay pacto va a ser sin los empresarios, solo entre Gobierno y sindicatos, si bien por el momento hay diferencias destacables entre el planteamiento de CC OO y el de UGT.
Fuentes patronales aseguran que, si bien prosiguen trabajando con intercambio de documentos, su pretensión es no asistir a más asambleas de las mesas de diálogo social, dado a que las Cortes están ya disueltas y sería “una falta de respeto”. Además, estiman que un pacto para este estatuto en estos instantes es imposible, debido a las fuertes discrepancias, por servirnos de un ejemplo, en materia de las prácticas extracurriculares, entre otras muchas cuestiones. Pero asimismo de momento político en el que se generarían estas conversaciones. No obstante, desde la patronal asimismo ven viable que los responsables ministeriales procuren sacar adelante la regla por medio de un real decreto ley sin el apoyo de las organizaciones empresariales.
“No sería de extrañar que Trabajo escenificara junto a los sindicatos un nuevo acuerdo bilateral sin los empresarios”, como ya hizo el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con la segunda fase de la reforma de pensiones, aseguran estas fuentes. Especialmente estando prácticamente en precampaña electoral, agregan. Ahora bien, para lograr este acuerdo con las centrales sindicales, Trabajo va a deber salvar un primer obstáculo en el propio Gobierno, donde hay ministerios socialistas implicados, como el de Educación o Economía, que podrían poner palos en las ruedas en el Consejo de Ministros. Si bien, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es quien tiene la última palabra y, si estima que la regulación de los becarios puede ser prioritaria cara la campaña electoral, quizá demande un pacto dentro de la alianza, notifican fuentes próximas a la negociación.
Las declaraciones de los primordiales responsables del Ministerio de Trabajo responden a las que emitió el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, este martes. Dijo que “no tendría mucho sentido” que, habiéndose citado elecciones generales para el veintitres de julio, algún ministerio citase ahora a sindicatos y empresarios para sentarse sobre una mesa de diálogo social y llegar a pactos que podrían verse “interrumpidos” o ser aprovechados con fines electorales. ”En el instante en que se convocan elecciones, degeneran las Cortes, degeneran los parlamentos, si bien está la diputación permanente, y comprendo que cuando los españoles decidamos quién va a ser el próximo Gobierno, va a ser el instante en el que nos sentemos a charlar de lo que haya que hablar”, comentó en el VI Congreso Iberoamericano CEAPI para presidentes de compañías y familias empresarias.
“Le pediría al presidente de la patronal española que recapacite, porque se debe a su país. Los 18 grandes acuerdos sociales que hemos fraguado en este ministerio se deben a los agentes sociales, pero la clave fue no hacer politiqueo. La clave fue trabajar por el bien del país. Este ministerio sigue trabajando, esta norma es fundamental”, agregó Díaz. “Las negociaciones estaban ya finalizadas y nos debemos a nuestro país, sigámoslo haciendo”. El Gobierno ha visto muy cerca el pacto con empresarios y trabajadores en múltiples ocasiones, hasta el punto de señalar que no harían falta nuevas asambleas tras el acercamiento que se generó inmediatamente antes de Semana Santa. Sin embargo, el acuerdo no llegó a materializarse.
El inconveniente de las extracurriculares
El nudo que sindicatos, patronal y Gobierno no han logrado deshacer es el de las prácticas extracurriculares, los trabajos voluntarios que no están vinculados a la capacitación. Con esta fórmula muchas empresas se aprovechan de los estudiantes, transformados en mano de obra asequible o gratis. El planteamiento original de los sindicatos abogaba por una supresión total de esta clase de prácticas, e inclusive acordaron un texto en esos términos con el Gobierno, mas admitieron reabrir la mesa para la negociación al revisar, conforme fuentes sindicales, que no tendría apoyo parlamentario suficiente. Según estas fuentes, PNV, ERC y EH Bildu no admitirían ese planteamiento. Cuando este periódico ha preguntado a este respecto a estas formaciones, han señalado que no se pronunciarán hasta conocer el detalle específico de la regla. Ahora se plantea una restricción de estas prácticas, a un máximo de cuatrocientos ochenta horas, conforme el boceto que el ministerio propuso a los agentes sociales el treinta y uno de marzo y que prosigue sobre la mesa.
Tras la asamblea que los agentes sociales sostuvieron el once de mayo, CC OO afirmó que el planteamiento del Gobierno le resultaba admisible, al tiempo que UGT exigió una propuesta “clara, concreta, cerrada y con apoyos”. Fuentes de cada uno de ellos de los sindicatos señalaban este viernes exactamente las mismas situaciones. Desde UGT aún tienen dudas y aguardan más detalles por la parte del Ejecutivo, que aguardan solucionar para lograr un pacto. De instante no hay asambleas formales convocadas.
La regla que plantea el Ejecutivo asimismo limita a un veinte% la proporción de becarios en las plantillas, guarismo que podría escalar hasta el treinta% en casos en particular. Además, articula una compensación de gastos y una “adecuada tutorización” de la actividad formativa, entre otros muchos instrumentos para resguardar más a los becarios.
En cualquier caso, las declaraciones de Garamendi y la contestación de los responsables de Trabajo no invitan a demasiado optimismo con respecto a la participación de los empresarios en este pacto. Tras la aprobación en el Consejo de Ministros como real decreto ley, la regla debería pasar la prueba de la diputación permanente en el Congreso, donde el Gobierno no tiene mayoría sin el respaldo de los partidos nacionalistas. Además, fuentes empresariales alertan sobre las contrariedades que podría tener el Ejecutivo para justificar en la citada diputación permanente la utilización del real decreto ley para aprobar una regla inexistente desde hace décadas.
Este viernes, Díaz no limitó los posibles pactos al estatuto del becario: “Esta norma hay que sacarla adelante, como hay que sacar otras”. Entre están la reforma de la jubilación parcial, un cambio que el Ejecutivo se comprometió a proponer a los agentes sociales como tarde el treinta de junio. “Esta semana hemos tenido conversaciones. El tiempo disponible es reducido y es difícil que lleguemos a un acuerdo, pero nuestra voluntad es seguir discutiendo”, explicó este viernes Pérez Rey, que asimismo hizo referencia a la promesa de abordar la reforma de los subsidios asistenciales de desempleo, una parte del plan europeo de recuperación: “Es un compromiso para el que hay que ver los tiempos. Seguiremos trabajando para ver si logramos culminar esta reforma”.
