Casos sobre prostíbulos, subarriendos y alquileres de renta vieja se amontonan en las agencias de los detectives privados. Estos profesionales son cada vez más pedidos por las comunidades de dueños para poner freno a las actividades molestas e ilegales que se dan en un edificio. Un diez% de los servicios contratados están relacionados con las comunidades de vecinos, conforme la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE), que agrupa a veinte profesionales y mil quinientos despachos.
Los pisos de renta vieja figuran como la primordial causa de contratación de detectives. “En los alquileres de renta antigua existe un fraude porcentual de entre un 10% y un 20% en las grandes ciudades, que el arrendador muchas veces desconoce”, comenta Daniel Fontanals, asociado gerente de Fontanals Cabré Detectives, que trabaja en el campo desde mil novecientos noventa. El dueño sabe que arrendar su piso a costo de mercado le podría reportar un mil% de rentabilidad mensual y, si bien tiene sus sospechas de que se está infringiendo el contrato de renta vieja, en la mayor parte de los casos, no sabe de qué manera probarlo.
Uno de los mil casos en los que ha trabajado Rafael Pisa, gerente de RPB Detectives, desde dos mil dieciseis tiene como protagonista a una persona mayor con un contrato de alquiler de renta vieja en una casa ubicada en Talavera de la Reina. “Los trabajos realizados consistían en demostrar que la vivienda se encontraba deshabitada, por un lado, y que la titular del contrato residía, de manera habitual, en otra finca de la comarca”, explica. El artículo sesenta y dos de la Ley de Arrendamientos Urbanos de mil novecientos sesenta y cuatro establece como causa de finalización de la prórroga de un contrato de renta vieja que el inquilino ocupe dos o más residencias en exactamente la misma población y el uso de todas y cada una no sea imprescindible para atender a sus necesidades.
“La observación del inmueble y los intentos fallidos de que nos abriera la puerta en diferentes ocasiones, así como la localización de la titular en otra finca de su propiedad en la que se le llegó incluso a entrevistar, con lo que se llama en el argot de la investigación una pantalla creíble, dieron resultado positivo en sede judicial”, narra Pisa.
Si el detective puede eludir ser visto, lo va a hacer, ya que este debe ser el último recurso, cuenta Antonio Labrador, vicepresidente de la APDPE. “No hace falta identificarse como detective, pero en ningún caso lo hará como otra persona. Si tienes que llamar a esa puerta es porque tienes una información concreta y muy veraz”, afirma.
No obstante, los detectives emplean la figura del subterfugio o, lo que es exactamente lo mismo, “disfrazar” el motivo de su visita o llamada, mas sin usurpar personalidad física o jurídica real. Podría definirse como un disfraz sicológico, muy frecuente tratándose de solucionar casos de prostitución. “Aunque normalmente las comunidades contratan a detectives para conseguir probar ante los tribunales actividades ilícitas, como pueden ser el arrendamiento turístico, cuando está prohibido por los estatutos, o subarriendos ilícitos de inmuebles propiedad de la comunidad, como la vivienda de la portería, lo más habitual es el ejercicio de actividades relacionadas con la prostitución, en la cual el detective acude a la vivienda haciéndose pasar por un cliente”, narra un letrado.
Prostitución
Según Fontanals, para esta clase de temas, “lo primero es intentar recabar el teléfono a través de las páginas de contactos. A partir de ahí planificamos la investigación”. “La prueba del delito es la transacción de dinero realizada. Posteriormente se recaba toda la información y se constata que se trata de un negocio habitual. La inmensa mayoría de estas cuestiones acaba en acuerdo y no llega a los tribunales”.
La casuística para contratar a un detective es amplia: desde un dueño que recobra su residencia al poder probar que su inquilino la realquilaba como piso turístico o por habitaciones hasta una comunidad con personal que no cumple con sus obligaciones, por poner un ejemplo, un portero con una baja laboral fingida. Recientemente, comenta Fontanals, un dueño ha podido probar que un inquilino que no pagaba la renta y que se declaraba frágil a nivel económico, bajo los presuntos legitimados por la Ley de Vivienda, no lo era en realidad: “Hemos observado un aumento exponencial de estos casos para obtener ventajas económicas”. La tarea del detective en estos temas se fundamenta en investigar y probar la coyuntura económica real del inquilino.
En los últimos años asimismo se están contratando los servicios de las agencias de detectives cuando la casa o local se usa como narcovivienda, corroboran los abogados consultados y la APDPE.
Sea como sea el encargo, una máxima es la discreción. Aunque podría darse el en el caso de que se efectuase alguna entrevista o consulta con algún vecino, que fuera de interés para la investigación, “estas no suelen ser relevantes, ya que tendrían que testificar si fuese requerido en el proceso judicial, y siempre pueden retractarse alegando diferentes motivos”, arguye Rafael Pisa, gerente de RPB Detectives. En su opinión, si no es rigurosamente preciso, lo mejor es pasar lo más desapercibido posible, puesto que una pregunta inapropiada a un vecino puede levantar sospechas y comentarios que darían al garete con la investigación.
De exactamente la misma opinión es Antonio Labrador, vicepresidente de la APDPE, para quien el detective es un profesional solitario que por su capacitación y experiencia sabe de qué manera sacar una información. “Lo habitual es que el detective haga su trabajo de forma sigilosa y sin intromisión. Ese es su éxito, no tener que utilizar fuentes externas y menos en una comunidad de propietarios”.
Cuando el caso afecta a la comunidad, “nos encontramos con que el presidente o el administrador de la finca están obligados a informar a todos los vecinos del dinero que se va a invertir, lo que hace levantar la liebre. Normalmente las contrataciones son por parte de las personas afectadas”.
El costo de los servicios cambia conforme la estimación de horas trabajadas y los medios que se van a emplear. La tarifa por hora está en setenta euros de media, calcula la APDPE.
