Las aguas frente a Melilla se han convertido en un nuevo emplazamiento clave para los comerciantes de petróleo rusos que buscan eludir las sanciones internacionales. Desde principios de 2023, se ha observado la práctica de transferir petróleo desde barcos más pequeños a otros de mayor tamaño con destino a China, Turquía e India, principales compradores del petróleo ruso. Estos barcos, conocidos como Aframax, con capacidad para transportar 700.000 barriles de petróleo, se encuentran más allá de las aguas territoriales para abastecer a los grandes petroleros que llevan el crudo a sus destinos.
Anteriormente, Rusia utilizaba las aguas cercanas a Grecia y Ceuta para estas operaciones, convirtiéndolas en puntos clave para evadir las sanciones internacionales. Ante la presión, el Gobierno español endureció la legislación en la zona económica exclusiva, lo que llevó a Rusia a trasladar sus operaciones a las aguas alrededor de las Islas Canarias. A pesar de las medidas adoptadas por la Unión Europea y el G7, se ha detectado que las actividades continúan en la región de Melilla, donde los petroleros rusos realizan transferencias de crudo desde barcos de menor tamaño a buques más grandes.
Según informes de Bloomberg, los barcos continúan con estas prácticas cerca de la ciudad de Nador, en Marruecos. La armada griega ha intentado detener las operaciones militares, lo que ha provocado que se trasladen a nuevas ubicaciones cercanas a Melilla. Esta estrategia se ha intensificado en los últimos meses y ha involucrado a varios barcos, como el Rolin, el Serendi, el Ocean AMZ y el Sea Fidelity, que han participado en el traspaso de cientos de miles de barriles de petróleo urales.
Esta nueva estrategia de Rusia en la región de Melilla ha despertado preocupación a nivel internacional, ya que las transferencias de carga en alta mar son consideradas una práctica peligrosa por la Organización Marítima Internacional y la agencia de la ONU encargada de regular el transporte marítimo. Es fundamental seguir de cerca el desarrollo de estas operaciones y la respuesta de las autoridades para evitar el incumplimiento de las sanciones establecidas.