La reforma del despido en España se ha convertido en un tema candente que está poniendo a prueba las costuras del Gobierno de coalición. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tiene un importante reto por delante tras el verano: llegar a un acuerdo con sindicatos y empresarios para recortar la jornada laboral y reformar las indemnizaciones por despido. Sin embargo, las diferencias de opiniones dentro del Ejecutivo complican este proceso.
El Comité Europeo de Derechos Sociales ha señalado que la legislación española actual viola la Carta Social Europea en lo que respecta a las indemnizaciones por despido improcedente. Esta situación ha generado un debate interno en el Gobierno, con el Ministerio de Trabajo a favor de modificar la ley y la parte socialista del Ejecutivo defendiendo que las indemnizaciones en España cumplen con los estándares internacionales.
Ante esta disyuntiva, el Ministerio de Trabajo baraja dos posibles opciones: eliminar los topes de las indemnizaciones y adaptarlas a cada caso, o mantener la fórmula actual y permitir que los jueces otorguen compensaciones adicionales según las circunstancias de cada trabajador. Esta última opción, conocida como «despido a la carta», ya es una realidad en la jurisprudencia española.
Precedentes en otros países europeos
Las fuentes socialistas del Gobierno argumentan que la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales no es vinculante, y mencionan los casos de Francia, Italia y Finlandia, donde los tribunales han interpretado los dictámenes de manera distinta a la exigencia del Comité. Sin embargo, UGT insiste en la obligatoriedad de cumplir con los tratados internacionales y en la necesidad de garantizar indemnizaciones justas y disuasorias para los despidos improcedentes.
En medio de este debate, surge el temor a que la eliminación de las indemnizaciones tasadas pueda afectar a la contratación de colectivos vulnerables, ya que los empresarios podrían considerarlos más caros de despedir y optar por no contratarlos. Esta preocupación ha sido reflejada tanto por los técnicos del Gobierno como por UGT en sus argumentaciones.
En resumen, la reforma del despido en España plantea importantes desafíos y controversias dentro del Gobierno de coalición. La decisión final sobre el cambio en las indemnizaciones por despido tendrá implicaciones en el mercado laboral y en la protección de los trabajadores en el país.
