Alemania desea captar trabajadores extracomunitarios a su mercado de trabajo y se ha dado cuenta de que su irritante burocracia y la rigidez de sus reglas dejaba al país en inferioridad de condiciones con respecto a otros destinos de la inmigración cualificada como Estados Unidos o Canadá. La modificación de la ley de inmigración que ha aprobado este viernes el Parlamento alemán pretende terminar con esa desventaja. La nueva regla da más comodidades, rebaja requisitos y deja aun entrar en el país sin una oferta de empleo en firme, con un visado o “tarjeta de oportunidad” que dejará radicar legalmente a lo largo de la busca de empleo.

“Es la ley de inmigración más moderna del mundo”, ha asegurado la ministra del Interior, Nancy Faeser, a lo largo de la sesión parlamentaria que la ha aprobado, con trescientos ochenta y ocho votos a favor (los de la alianza de Gobierno que forman socialdemócratas, verdes y liberales), doscientos treinta y cuatro en contra y treinta y uno abstenciones. La oposición democristiana de la CDU se ha negado a aprobar el texto aduciendo que asimismo abre la puerta a la entrada de trabajadores no cualificados. El partido de ultraderecha AfD asegura de manera directa que el país no precisa a absolutamente nadie de fuera.

Alemania tiene un inconveniente gravísimo de falta de mano de obra. En las encuestas las compañías lo resaltan como uno de los mayores peligros para su negocio. No hallan personal en el país y cuesta mucho competir con otros lugares para captar los trabajadores extracomunitarios prestos a emigrar. El ministro de Trabajo, Hubertus Heil, ha calculado que se teme una brecha de 7 millones de trabajadores para dos mil treinta y cinco. El mercado de trabajo alemán precisaría agregar cuatrocientos personas de fuera de la UE de año en año para compensar su avejentada pirámide poblacional.

La nueva regla incluye un sistema de puntos basado en el modelo canadiense que deja acceder a la llamada “tarjeta de oportunidad”, un visado que da derecho a buscar empleo en Alemania a lo largo de un año, toda vez que el aspirante pruebe que puede sostenerse a lo largo de ese tiempo. El sistema da puntos con base en diferentes criterios como la experiencia profesional, la edad, la conexión con Alemania o las habilidades lingüísticas. Tener menos de treinta y cinco años va a dar puntos. Contar con un mínimo de un par de años de F.P. en el país de origen o un título universitario asimismo. Y, siendo consciente de que los países anglófonos son considerablemente más atractivos, el Gobierno ha rebajado el nivel de alemán demandado, de un A2 (elemental) a un A1 (principiante).

La reducción de la burocracia es clave en la nueva regla. Hasta ahora la homologación de los títulos extranjeros era tan difícil que muchas empresas ni lo procuraban o pasaban meses de trámites hasta poder contratar a sus empleados de fuera de la UE. “Es inaceptable que haya que rellenar 17 formularios distintos para traer a este país a un trabajador sanitario”, se quejó Faeser en el Bundestag. La novedad es que ya no va a hacer falta homologar muchos títulos en Alemania. Una cualificación reconocida en el país de origen y por lo menos un par de años de experiencia profesional van a ser suficientes. Además, en el caso de que el título sí necesite ser reconocido, la persona va a poder comenzar a trabajar a lo largo del proceso.

Los partidos de la alianza asimismo desean favorecer la migración educativa, o sea, la ocasión de emigrar a Alemania para percibir F.P. o estudios universitarios con la meta de quedarse a trabajar permanentemente. Los estudiantes extranjeros van a poder hacer prácticas retribuidas para ganarse la vida.

Las opciones de reunificación familiar asimismo se amplían. Si hasta el momento los trabajadores cualificados podían llevar consigo a cónyuge e hijos, ahora asimismo se dejará hacerlo con progenitores y suegros.

La ley pretende ser considerablemente más flexible con los visados, que hasta el momento se daban con un objetivo concreto. Por ejemplo, si alguien llegaba al país con un visado de turista y se le ofrecía un puesto, debía desamparar el país y pedir un nuevo visado. Esto ya no va a ser preciso conforme el texto aprobado por el Bundestag, pues los permisos van a poder amoldarse a las circunstancias.

Hay novedades asimismo para los demandantes de asilo. El Gobierno desea darles la ocasión de empezar una F.P. o de lograr un trabajo. Si su procedimiento ya está en marcha y les ofrecen un empleo, van a poder quedarse en Alemania si bien al final se determine que no están en su derecho a asilo (los asilados reconocidos ya están en su derecho a trabajar). Esta posibilidad solo se va a ofrecer a quienes tuviesen procedimientos de asilo en curso y no a nuevos demandantes para no crear incentivos a la inmigración irregular. La data límite es el veintinueve de marzo del año vigente. La excepción se ha incluido en contestación a las críticas de la oposición conservadora, que acusaba al Gobierno de Olaf Scholz de quitar trabas a la inmigración y fomentar la llegada de personas con poca cualificación.

Las asociaciones de empresarios y la industria han reaccionado por norma general de forma positiva a la nueva ley. Arndt Kirchhoff, de la Asociación de la Industria Metalúrgica y Eléctrica, aseguró en la cadena pública ARD que agradecen por poner un ejemplo las comodidades en la homologación de titulaciones. También hay críticas pues la regla no va tan lejos como debería. El presidente de la Confederación Alemana de Oficios (ZDH), Jörg Dittrich, prosigue pensando que es demasiado burocrática. El gerente general de la Asociación Central de la Industria Alemana de la Construcción, Felix Pakleppa, echa en falta que se centre tanto en la existencia de calificaciones formales, cuando lo que precisa su campo es personal con experiencia laboral.

Los partidos conservadores prosiguen pensando que cuestiones como rebajar el nivel de conocimientos de alemán anima a trabajadores poco cualificados. Así lo denunció Andrea Lindholz, de la CSU bávara, a lo largo de su intervención. Además, al dejar que trabajen los demandantes de asilo se corre el peligro de “convertir el proceso en una especie de oportunidad de búsqueda de empleo en Alemania financiada por el Estado”, agregó.

Mercedes Cruz Ocaña