La semana pasada, el conjunto francés Cobra anunció la puesta a puntito de un esencial macroproyecto verde en España. La multinacional gala hizo público un contrato de inversión con Natixis CIB y el banco Santander por una financiación de setecientos millones de euros, destinados a la construcción de veintiuno plantas fotovoltaicas con capacidad de producir mil doscientos treinta y uno megavatios (MW). Operaciones como esta no se cierran en una tarde. Requieren largas horas de estudio y negociaciones con potentes bufetes de abogados. En el caso Natixis y Santander, los inversores han contado con los servicios de la división de España del bufete Watson Farley & Williams, una firma experta en operaciones energéticas.
Buscar consejo legal ya antes de invertir en una renovable es lo normal, puesto que en juego hay cifras estratosféricas, mas, sobre todo, los inversores saben que esta aventura implica adentrarse en una peligrosa telaraña burocrática y legal. Las leyes marcan un exigente calendario de plazos legales e jalones administrativos, y fallar en un trámite puede condenar al naufragio un proyecto millonario.
En primer sitio, la ley demanda que cualquier planta eólica o solar ha de estar operativa en 5 años desde el instante en que empieza su tramitación. Pero hay un problema: un tapón de peticiones colapsa las oficinas públicas, que no dan abasto para dar luz verde al centenar de solicitudes de licencia que se acumulan en sus oficinas. Según fuentes del campo energético, hasta cincuenta millones de euros podrían quedar encallados por los retrasos de las administraciones nacionales y autonómicas.
Riesgo de ejecución
“La existencia de un volumen de proyectos tan elevado ha desbordado a todos los organismos que participan en alguna fase de su tramitación hasta el punto de que se está poniendo en riesgo su ejecución”, corrobora Miguel Cuesta Boothman, letrado asociado especialista en energía Montero Aramburu, quien advierte de la existencia de “tensiones y cuellos de botella”. Los plazos son tan ajustados que los promotores temen no lograr los consecutivos permisos administrativos a tiempo para empezar las obras. Cuando consiguen las licencias empieza otra carrera a contrarreloj: edificar la planta y echarla a rodar a tiempo. En términos generales, la ley demanda cumplir 4 grandes jalones burocráticos: lograr un permiso de conexión a la red, una declaración de impacto ambiental conveniente, la autorización para edificar y, para finalizar, la autorización de explotación terminante. Y cada fase tiene un plazo.
Los promotores deben andarse con ojo. No cumplir con los consecutivos plazos legales se torna en pesadilla, puesto que puede generar un fallo en la cadena de contratos (bancos que no cobran, constructores que quedan encallados, inversores en la estacada…). “La principal consecuencia es la caducidad del permiso de acceso y conexión a la red”, advierte el letrado Boothman. Lo que, llanamente, implica “el fin del proyecto en casi todos sus ámbitos”. Hay una data clave, el veinticinco de enero de dos mil veinticuatro. Es el límite que tienen mil parques eólicos y solares —el grueso de los proyectos de renovables que planean construirse— para lograr la codiciada licencia de obra. Rebasar el plazo supondría la caducidad de la autorización ambiental que ya tienen concedida. Por el instante, la pelota está en el tejado de la administración. El plazo fue ampliado este verano por el Ministerio de Transición Ecológica por 6 meses, motivado por las protestas del campo que denunciaba que el día se echaba encima y que no podrían cumplir con el papeleo.
Para María Pilar García Guijarro, asociada directiva del bufete Watson Farley & Williams en España, la ampliación de este margen legal fue un parche. “La extensión del plazo para obtener la autorización de construcción se ha traducido en la reducción del tiempo para construir la planta”, que ya antes era de un par de años, y ahora debe materializarse en poco más de uno. El efecto dominó se agudiza, puesto que el término para lograr la autorización de explotación a tiempo, el último de los logros burocráticos, continúa inamovible: prosigue siendo 5 años. Y las prisas provocan inconvenientes coyunturales, como “una sobrecarga de trabajo de las empresas constructoras”, apunta García Guijarro, aparte de una repentina falta de suministros y el consecuente incremento de los costos por una explosión de la demanda.
Para Andrés Jiménez Díaz, asociado de derecho público de Eversheds Sutherland, una de las causas de los retrasos de la Administración es que la ley no distingue entre proyectos de gran extensión y modestos. Todos están sujetos a exactamente los mismos plazos, “aun cuando la ejecución de los grandes proyectos puede presentar condicionantes técnicos o medioambientales especiales”, remarca Jiménez. Solo en el caso de plantas de energía hidráulica de bombeo, la ley otorga 7 años de margen a fin de que la planta esté operativa.
Como agrega el letrado, la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha reconocido en múltiples ocasiones que la mayoría de los jalones no dependen de la diligencia del promotor, “sino de la celeridad o tardanza de la Administración en resolver y conceder las autorizaciones”. La propia administración reconoce que los promotores de los proyectos verdes tienen las manos atadas. Solo cabe aguardar. Otro escollo, apunta Coral Yáñez, asociada de Bird & Bird, se encuentra en la carencia de experiencia de los municipios en el momento de valorar los casos. “Algunos están familiarizados con este tipo de expedientes pero para otros todavía es algo nuevo”, apunta la especialista. Sobre todo, añade, cuando quien abre el expediente son “ayuntamientos pequeños con recursos limitados y sin una normativa urbanística adaptada”, lo que “puede dificultar el proceso”.
Una transición verde a trompicones
La transformación energética de España es una carrera a contrarreloj. Nuestro país sostiene múltiples compromisos con Bruselas bajo la batuta de la agenda verde para un cambio total en diez años. Así, el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que comanda Teresa Ribera, tiene como propósito que, para el año dos mil veinticinco, la producción de energía renovable en el territorio de España suponga el treinta% del total del país. Para dos mil treinta, el Gobierno desea ampliar dicha promesa y que la penetración renovable en el consumo total de energía sea del cuarenta y ocho%, al tiempo que la generación eléctrica total venga en un ochenta y uno% de fuentes renovables. Así lo recoge el último boceto del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que espera el visto bueno de la Unión.
