Uno de los tropiezos más sonados de la política de residencia en España ha sido el promuevo de la propiedad mediante la venta de pisos protegidos. Más de seis con ocho millones de residencias se han edificado con alguna modalidad de protección desde mediados del pasado siglo. Esto supone prácticamente el treinta% del parque actual de residencias primordiales, conforme las conclusiones de una investigación de dos mil dieciocho elaborado por Carme Trilla, presidente del Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona, y el politólogo Jordi Bosch, titulado El parque público y protegido de residencias en España: un análisis desde el contexto europeo. Sin embargo, este amplio parque de residencias se ha evaporado. Durante los años, esos pisos han ido pasando a manos privadas.
“Cada año se van vendiendo las que van perdiendo su calificación”, comenta la economista Trilla. Una vez concluido el plazo de calificación marcado por cada comunidad autónoma —varía de diez a treinta años, pues hay más de cincuenta regímenes de protección diferentes, conforme Sociedad de Tasación—, los dueños procedían a descalificar (lo que suprime la protección) el inmueble para venderlo en el mercado libre consiguiendo así esenciales beneficios. La familia hacía negocio y el país perdía una residencia protegida. Además, germinó un potente mercado fraudulento —que hoy persiste— con pagos en B y venta a personas que no cumplían los requisitos para acceder a esta modalidad (ingresos mínimos, no tener otra casa en propiedad…).
De esos prácticamente 7 millones de residencias protegidas edificadas, afirma Trilla, quedan poquísimas. “Cada año se van vendiendo las que van perdiendo su calificación”, cuenta la economista catalana. Pone el ejemplo de una urbe que conoce: “En Barcelona apenas deben quedar unas 60.000 viviendas de un parque de 800.000 casas”. Semejante permisividad ha propiciado el desmantelamiento a cara descubierta de lo que habría sido un ingente parque público. https://www.facebook.com/elpaiseconomia»>, afirma Trilla. Sin embargo, los pisos sociales no llegan ni al dos con cinco%.
España escogió un camino diferente al de otros países europeos, que han estado a lo largo de años nutriendo su sistema de residencia, y ahora está a la cola de Europa. El inconveniente es que la demanda potencial de residencia social se calcula en uno con cinco millones de hogares y, conforme con las proyecciones demográficas, podría elevarse hasta los dos con seis millones en el año dos mil treinta.
Las actuaciones públicas en España no han velado por conservar la función social de la residencia protegida. De hecho, ciertas Administraciones han vendido a fondos buitre sus parques. Es el caso de la Comunidad de Madrid, que vendió ilegalmente en dos mil trece prácticamente tres mil residencias sociales a un fondo de inversión. Además, desde el año dos mil, sobre todo desde la burbuja inmobiliaria, apenas se edifican residencias protegidas en España, que ha pasado de levantar más de sesenta y ocho y quinientos ochenta y siete casas en dos mil ocho a nueve mil doscientos veintiuno en el año dos mil veintidos, conforme el Ministerio de Transportes. Su construcción ha caído en picado debido, entre otras muchas cuestiones, a que para el promotor ha dejado de ser rentable edificarlas. “El hecho de tener un parque público suficiente, con acceso a una propiedad de segunda mano a un precio limitado, haría que los precios de compra y de alquiler fueran más bajos”, señala Daniel Cuervo, secretario general de la patronal APCEspaña.
Ley de residencia
La ley de vivienda, desbloqueada el pasado catorce de abril tras muchos meses de desencuentros entre los dos asociados del Gobierno, se centra, sobre todo, en el alquiler, mas asimismo busca dar un empujón a los pisos protegidos, eludiendo su desmantelamiento futuro.
Por un lado, los porcentajes de reserva de suelo para residencia protegida aumentan del treinta% que en la actualidad fija la ley estatal del suelo —de obligado cumplimiento—, al cuarenta% en suelos urbanizables (actuaciones de nueva urbanización). Y del diez% al veinte% en suelo urbano no afianzado (en distritos afianzados).
Por otro lado, prohíbe permanentemente la venta a coste libre de residencia de protección oficial que esté construida en suelo protegido. “En Barcelona apenas deben quedar unas 60.000 viviendas de un parque de 800.000 casas”, afirma Trilla. Solo en ciertos casos, y siempre y cuando la comunidad autónoma lo justifique adecuadamente, van a poder descalificarse. En este caso, el plazo mínimo es de treinta años.
Algunas comunidades ya cumplen estos requisitos, como Cataluña, Navarra o País Vasco. Euskadi es uno de los referentes en residencia protegida a nivel nacional. Desde dos mil tres, todas y cada una de las residencias protegidas que se edifican en esa comunidad (ya sea por organismos públicos o por entidades privadas) preservan su protección de forma permanente. Dos de cada 3 de las más o menos setenta y seis residencias de protección pública de iniciativa privada o pública existentes hoy en Euskadi tienen ya calificación permanente, por lo que sostendrán su función social a lo largo de su vida útil.
Desde mil novecientos noventa, todas y cada una de las promociones del Gobierno vasco sobre suelos públicos de su propiedad se hacen a través de la constitución de derechos de superficie sobre exactamente los mismos, por lo que el suelo y lo edificado sobre él revertirán a los setenta y cinco años al patrimonio público de residencia y suelo del Gobierno completamente gratis. Como resultado de esta política, unas diecisiete residencias de protección pública revertirán al patrimonio público en el futuro. Además, se fuerza por ley a los municipios a reservar el cuarenta% del suelo urbano y el setenta y cinco% del suelo urbanizable para la construcción de residencia protegida. Esto quiere decir que, del suelo libre para edificar en el futuro, que se ubica en torno a las ciento ochenta residencias, más de ochenta hayan de ser de protección pública.
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