El mismo día que Portugal se coronaba como mejor destino de Europa, miles y miles de portugueses salían a la calle para protestar contra los efectos malvados de ese éxito. La crisis de la residencia en el país, que viene de lejos, se ha agudizado con las políticas públicas que han impulsado la expansión de pisos turísticos y la concesión de visados de oro a extranjeros por inversiones inmobiliarias. “Hola, ¿están disfrutando? Esto va con ustedes”, le afirmaban en la tarde del sábado ciertos participantes de la manifestación a los turistas que se asomaban a los balcones de Lisboa para poder ver la marcha.
La queja ha sido tumultuaria en Lisboa, mas asimismo ha tenido réplicas en veinta urbes, incluidas Oporto y Faro, donde la complejidad para acceder a residencias dignas a un coste accesible es prácticamente tan grave como en la capital. El impacto más extremo de la crisis podía verse en una de las avenidas por las que discurrió la marcha, con múltiples tiendas de campaña instaladas bajo soportales ocupadas por gente que no tiene techo.
Cheila Marques, de veintisiete años, vive camping en una tienda al lado de su pareja desde hace año y medio. “He ido a la Cámara Municipal, a la Seguridad Social y cuantos sitios he podido y hasta ahora no me dan una solución”, explica poco antes que los participantes de la manifestación anden en frente de su tienda. Después de perder su empleo de camarera y de que su ex marido entrara en cárcel, fue desalojada del piso donde vivía y por el que pagaba quinientos treinta euros. Dejó a sus dos hijas de 3 años y dieciocho meses en la red de servicios sociales frente a la imposibilidad de cuidarlas.
Su caso es extremo, mas la crisis de la residencia es un inconveniente trasversal, que afecta a todas y cada una de las generaciones. En la marcha de Lisboa hay jóvenes como Mariana Branco, diplomada en Historia de veintitres años y forzada a proseguir viviendo en la casa de sus progenitores frente a la complejidad de hallar un alojamiento digno con sus ingresos, una beca de novecientos treinta euros al mes. “Lo único que encontré por un tercio de mis ingresos me obligaba a perder cinco horas al día para ir y volver de Lisboa. Mi salario no me permite alquilar una vivienda en la capital más cara de Europa. No le veo futuro a este país”, lamenta. Como tantos otros jóvenes licenciados, está ya preparándose para emigrar. Dentro de un mes tiene una entrevista en la Universidad Complutense de Madrid para intentar desarrollar allá su tesis sobre prostitución.
La marcha, apoyada por cien organizaciones que se sumaron a la iniciativa del movimiento Casa Para Vivir, contó con la presencia de miembros del Congreso de los Diputados y mandatarios políticos de formaciones que se ubican a la izquierda del Partido Socialista. Tres miembros del Congreso de los Diputados del ultraderechista Chega debieron desamparar la manifestación escoltados por la policía frente al rechazo de los convocantes. El otro accidente ocurrió frente al escaparate de una agencia inmobiliaria, que fue roto a martillazos por 3 participantes de la manifestación.
Luísa Bom, una retirada de sesenta y tres años, se ha sumado al movimiento en defensa de la residencia digna si bien no sea una de sus afectadas. “Esta es una causa justa y es de todos”, señalaba el sábado mientras que andaba por la avenida Almirante Reis. Un compromiso que asimismo ha llevado a Lurdes Pinheiro a encabezar la Asociación del Patrimonio de la Población de Alfama. El atractivo distrito lisboeta se ha diluido frente al éxito turístico, que ha provocado la expulsión de sus vecinos y el cierre de comercios tradicionales. Más del sesenta% de las edificaciones son ya negocios turísticos, explica Pinheiro. “El barrio y la ciudad han retrocedido en muchos aspectos por la falta de viviendas y la aparición de conflictos”, observa.
La movilización coincidió con la promulgación de la ley Más Vivienda, aprobada por el Gobierno y la Asamblea de la República. Esta regla fue vetada en un inicio por el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, que ha debido aprobarla al ser ratificada por el Parlamento. “Prefiero poco a nada. Si el Gobierno consigue que esta ley no sea escasa y satisface a millares de portugueses, será positivo”, señaló.
Entre otras medidas, la ley incluye la prohibición de abrir nuevos pisos turísticos en las primordiales urbes del país, un impuesto excepcional a los dueños de estos alojamientos y el fin de la concesión de los visados de oro por inversiones inmobiliarias.
